Informes de la Contraloría y una auditoría forense advierten sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras que comprometerían la viabilidad de la EPS. Las autoridades analizan posibles responsabilidades.
La EPS Coosalud enfrenta un panorama crítico luego de que informes de la Contraloría General de la República y una auditoría forense alertaran sobre un grave deterioro financiero, presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y el incumplimiento de varios indicadores exigidos para su funcionamiento.
De acuerdo con los documentos conocidos, la entidad presenta dificultades para cumplir con los requisitos de capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas, situación que incrementa el riesgo de iliquidez y podría llevar a la revocatoria de su habilitación y a un eventual proceso de liquidación.
Los informes también señalan presuntas irregularidades ocurridas durante la administración del exgerente Jaime González, relacionadas con el manejo de recursos de la EPS y operaciones financieras que actualmente son objeto de revisión por parte de los organismos de control.
Según la auditoría forense, se habrían utilizado recursos de la EPS para respaldar un crédito privado por $221.000 millones de una empresa vinculada al grupo empresarial. Además, se identificaron pagos que superan los $25.000 millones a compañías relacionadas, posibles inconsistencias contables y el presunto uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para gastos distintos a la prestación de servicios de salud.
Los organismos de control también advirtieron sobre el aumento de quejas de los usuarios. Entre los hallazgos se reportan más de 72.000 entregas de medicamentos pendientes, un incremento en las peticiones, quejas y reclamos (PQR), así como en tutelas y desacatos relacionados con la atención en salud.
A esto se suma una alta inestabilidad administrativa. De acuerdo con los informes, la EPS tuvo ocho representantes legales en menos de dos años, situación que, según la Contraloría, habría afectado la gobernanza y los mecanismos de control interno de la entidad.
Las investigaciones continúan y las autoridades competentes evalúan posibles responsabilidades administrativas, fiscales, disciplinarias y penales derivadas de los hallazgos.
Mientras avanzan estos procesos, el futuro de Coosalud genera preocupación debido a una deuda que, según los informes, supera los ocho billones de pesos, una situación que podría afectar la prestación de los servicios de salud para miles de afiliados en distintas regiones del país.
