La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, relacionados con convenios suscritos durante su administración en 2008.
En la misma decisión judicial, la Corte absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya Díaz, quien también era investigado dentro del proceso por presuntas irregularidades contractuales.
Según el fallo, Guzmán Mendoza intervino en la tramitación y celebración de los convenios de cooperación números 150 y 151 de 2008, firmados con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Futuro Ambiental del Putumayo.
Los contratos, que superaban los $470 millones, tenían como objetivo la fabricación de artículos lúdico-didácticos destinados a niños de bajos recursos del departamento.
Sin embargo, la Corte concluyó que las fundaciones contratadas no contaban con experiencia ni objeto social relacionado con la fabricación de juguetes, por lo que habrían sido utilizadas como fachada en la contratación.
Corte cuestionó uso de recursos públicos
Durante el proceso también se estableció que Guzmán Mendoza expidió el Decreto 0323 del 15 de diciembre de 2008 para modificar el presupuesto departamental y destinar recursos provenientes de cuotas partes pensionales a actividades culturales decembrinas y compra de juguetes.
La Sala determinó que dichos recursos tenían destinación específica y no podían ser utilizados para esos fines, por lo que la actuación vulneró disposiciones constitucionales y legales.
En la sentencia, la Corte cuestionó fuertemente el comportamiento del exmandatario y aseguró que utilizó el aparato institucional para legitimar actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
“El proceder de Guzmán Mendoza no solo denota desprecio por la función pública y por los principios que la rigen, sino que revela una actitud de abierta instrumentalización del derecho”, señaló la Sala en el fallo.
Exgobernador encargado fue absuelto
Frente a Camilo Augusto Otaya Díaz, quien ejercía como gobernador encargado para la época de los hechos, la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar una actuación dolosa.
La Fiscalía lo señalaba de haber autorizado avances de dinero para la compra de insumos, participar en reuniones donde se socializó la estrategia contractual y expedir resoluciones relacionadas con la idoneidad de las fundaciones.
No obstante, la Sala consideró que no se configuraban los elementos necesarios para declararlo penalmente responsable y ordenó su absolución.
Ordenan captura inmediata
Como parte de la condena, la Corte Suprema impuso a Felipe Guzmán Mendoza una pena de 110 meses y 22 días de prisión, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 124 meses y 16 días.
También fue condenado al pago de una multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
La Corte negó beneficios como la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que ordenó su captura inmediata y reclusión en un centro penitenciario definido por el Inpec.
Según las autoridades, la captura ya fue materializada.
