La participación de la senadora Isabel Zuleta en los llamados “espacios de diálogo sociojurídicos” volvió a quedar en el centro del debate judicial. Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inadmitir una denuncia en su contra, el proceso dejó al descubierto una división interna entre los magistrados, luego de que uno de ellos considerara que sí existían méritos para abrir una investigación preliminar.
La denuncia surgió tras el evento realizado en La Alpujarra, en Medellín, conocido públicamente como el “tarimazo”, en el que participaron cabecillas de estructuras criminales que salieron de la cárcel de Itagüí con permisos especiales. En el escrito se señalaba que la congresista del Pacto Histórico, quien ha participado como mediadora en acercamientos con estas organizaciones, habría intervenido de manera indebida en operativos de captura.
Salvamento de voto reabre el debate en la Corte
La mayoría de los magistrados de la Sala de Instrucción concluyó que la denuncia no cumplía con los requisitos mínimos para ser admitida, al no describir con suficiente claridad conductas que pudieran constituir delitos. En su análisis, la Corte señaló que de las declaraciones citadas no se desprendía una intención concreta de la senadora de interferir en acciones de la Fuerza Pública ni en procesos penales en curso.
No obstante, el magistrado Misael Rodríguez se apartó de esa decisión y dejó constancia de un salvamento de voto. En su criterio, los elementos aportados sí justificaban el inicio de una indagación preliminar, pues consideró que las afirmaciones del alcalde de Medellín incluían señalamientos directos contra la congresista y un llamado expreso a que la Corte evaluara su actuación.
Los cuestionamientos se apoyan principalmente en declaraciones públicas del alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que personas designadas por el Gobierno Nacional para la mesa de diálogo instalada en la cárcel de Itagüí —entre ellas Zuleta— habrían realizado gestiones ante altos mandos de la Policía con el fin de evitar la captura de alias Yordi, señalado como cabecilla de la banda La Terraza.
Según el mandatario local, la eventual detención del presunto jefe criminal habría sido planteada como un riesgo para la continuidad del proceso de negociación. Tiempo después, alias Yordi recuperó la libertad por decisión de un juez de control de garantías, quien consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes.
Aunque la denuncia no prosperó en esta etapa, el salvamento de voto deja abierta la discusión sobre los límites del rol de los funcionarios y congresistas en los procesos de diálogo con estructuras criminales, un tema que sigue generando controversia jurídica y política en el país.
