Las Empresas Colombianas de Seguridad Privada (ECOS) hicieron en las últimas horas un fuerte llamado de atención a los Congresistas y al país, por el trámite del Proyecto de Ley 393 de 2021, en el que se autoriza a empresas extranjeras de vigilancia la fábricacación, comercialización y exportación de armas y municiones, lo cual sería inconstitucional.

De acuerdo con la agrmiación, este proyecto de ley pone en grave riesgo la soberanía e independencia nacional, así como la seguridad de los colombianos en general, pues «Ningún país en el mundo, pone en manos de foráneos el manejo y control de las armas».

«¿Quién está detrás de esta grave iniciativa? ¿Qué intereses se mueven detrás de esta oscura propuesta? ¿Por qué se pretende despojar a INDUMIL de esta actividad para favorecer a extranjeros? ¿Por qué excluir a los nacionales y dejarlo sólo en manos de extranjeros?», enfatizó ECOS en su misiva.

De acuerdo con la asociación, «solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos, como lo dice el artículo 233 de la Constitución Política. «¿Por qué una actividad reservada al Gobierno Nacional se traslada a extranjeros con violación grave de nuestra Constitución?», se cuestion ECOS.

Y es que para la agremiación, el manejo de las armas toca con la soberanía e independencia nacional, y seguridad ciudadana, pues por ello, la Constitución reza que «Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas».

«¿Por qué autoriza un proyecto de ley ceder tan esencial compromiso patrio, a extranjeros?», se preguntó la asociación al conocer esta iniciativa que cursa en el Congreso de la República.

Fuerte análisis

Sin embargo, según ECOS, el proyecto de ley en su artículo 20 autoriza a los extranjeros fabricar, introducir y comercializar armas, letales y menos letales. «Así como también, municiones y accesorios, lo que representa un evidente quebranto de nuestro estatuto supremo, así como un grave atentado a nuestra independencia y soberanía nacional».

«No deja de ser una paradoja que lo que hoy se le prohíbe a los nacionales colombianos, se les autorice a extranjeros. Por lo cual, hacemos un llamado al Congreso de la República para que elimine y archive esa inconstitucional propuesta que no le hace bien al país», dijo José Saavedra, presidente de ECOS.

Y es que según Saavedra, no están de acuerdo con que el servicio de vigilancia sea prestado con armas traumáticas, porque expone la integridad y la vida de los vigilantes.

«Si algo teme la delincuencia es que nuestros Guardas, están capacitados y formados, en utilización de armas de fuego, lo que disminuye en gran medida la afectación a la vida y los bienes de personas protegidas. ¿Entonces por qué la propuesta de que el servicio migre a armas traumáticas?», enfatizó ECOS.

«Reafirmamos nuestro respaldo y compromiso con el Gobierno Nacional para que a través de la Industria Militar siga fabricando y comercializando las armas de las empresas de vigilancia y seguridad privada», puntualizó la agremiación.

«Seguiremos propendiendo de absoluta e inquebrantable por la intangibilidad de la soberanía e independencia nacional, así como por la defensa e integridad de nuestra Constitución Política», finalizó.

Desde ECOS han exhortado al Congreso de la República y a la opinión pública en general, a discutir a fondo de «manera responsable y juiciosa sí realmente esta propuesta debe ser aprobada» y si es conveniente para la seguridad nacional del país, la generación de riqueza y empleo.