La Corte Suprema de Justicia decidió mantener en firme la medida de aseguramiento contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, quien seguirá recluido en la cárcel La Picota de Bogotá por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El alto tribunal declaró “impróspera” la solicitud de la defensa, que buscaba revocar la detención preventiva impuesta el pasado 7 de mayo. En la decisión, conocida el 19 de agosto de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia concluyó que la privación de libertad es una medida “idónea y necesaria” para evitar riesgos procesales y una posible reiteración de la conducta investigada.
Las acusaciones
Calle, congresista del Partido Liberal, enfrenta cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación agravado. Según los testimonios de exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, el político habría recibido un soborno de 1.000 millones de pesos a cambio de apoyar las reformas sociales impulsadas por el Gobierno.
En la misma investigación también está vinculado Iván Name, expresidente del Senado, señalado de haber recibido hasta 3.000 millones de pesos dentro del esquema de sobornos. Ambos permanecen recluidos en el pabellón de funcionarios públicos de La Picota.
La defensa de Calle
El abogado del congresista, Billy Torres, insistió en que la medida de aseguramiento se basó en “valoraciones erradas” de los testimonios y en supuestas “imprecisiones subjetivas”. Sin embargo, la Corte consideró que los relatos de los testigos cuentan con respaldo probatorio, incluyendo georreferenciación, chats y otras declaraciones que corroboran la trama de corrupción.
La Sala aclaró además que no se trató de meros indicios, sino de pruebas directas, razón por la cual desestimó los argumentos de la defensa.
El peso político del caso
La ratificación de la detención representa un duro golpe para el liberalismo y para Calle, quien en su momento fue una de las figuras más visibles de la Cámara de Representantes. Aunque ya no ocupa la presidencia de esa corporación, los magistrados advirtieron que su condición de congresista aún le permite incidir en el trámite legislativo, lo que representa un riesgo para la investigación en curso.
El proceso avanza mientras la justicia continúa desentrañando la red de sobornos que compromete a exfuncionarios de alto nivel y a congresistas de distintas colectividades, en uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años.
Foto: Colprensa
