Tras la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, varias figuras del espectro político de derecha como el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, la senadora María Fernanda Cabal, el movimiento político Creemos, entre otros, emitieron duros pronunciamientos en contra de la decisión judicial, poniendo en entredicho la legitimidad del proceso y del sistema de justicia en Colombia.

Las declaraciones no solo evidencian un presunto intento de deslegitimar a las instituciones cuando no les son favorables, sino que también alimentan una narrativa peligrosa de persecución política y de justificación del desacato institucional.

Federico Gutiérrez afirmó que «quienes han pertenecido a grupos terroristas hoy ocupan la presidencia y el Congreso», mientras que Uribe, “quien los enfrentó”, ha sido condenado. A ello sumó un llamado velado a “no entregar el país” y a “pararse firmes” en las próximas elecciones, con un tono de campaña anticipada que instrumentaliza el fallo judicial.

Por su parte, el Movimiento Creemos calificó la decisión de la Corte como una muestra de “incoherencia” nacional y sugirió que quienes hoy gobiernan “han destruido a Colombia”. En su comunicado, llegaron incluso a tildar de “héroe” a Uribe y acusaron al sistema judicial de volverse “sin ética ni consideración de ningún tipo”.

La senadora Cabal, por su parte, sostuvo que la sentencia “viola derechos fundamentales como el debido proceso”, y aseguró que con esta decisión “se cava la tumba de la libertad y la democracia”, pese a que el proceso judicial contra Uribe duró más de cuatro años y contó con todas las garantías procesales.

La respuesta institucional: el Estado de Derecho no puede estar en entredicho

Frente a este tipo de discursos, la Corte Suprema de Justicia respondió con firmeza este jueves, recordando que los jueces no están para complacer intereses políticos, sino para aplicar la ley.

“El Estado colombiano ha mantenido una tradición de respeto a la autonomía judicial”, señaló la Corte, y advirtió que las declaraciones que buscan desprestigiar las decisiones judiciales “socavan la confianza pública en la justicia” y “ponen en riesgo la vida e integridad de quienes administran justicia”.

En un contexto de alta polarización política, la Corte hizo un llamado a la responsabilidad:

“Los desacuerdos deben manifestarse respetando el debido proceso y la institucionalidad. Las expresiones que desacreditan la función judicial solo debilitan el Estado de Derecho”.

¿Y si el fallo hubiera absuelto a Uribe?

Resulta paradójico que quienes hoy atacan al sistema judicial lo defendieran a capa y espada cuando fallaba en su favor. La independencia judicial no puede ser selectiva ni parcial; no puede celebrarse cuando absuelve y despreciarse cuando condena.

La reacción de los sectores uribistas no es nueva, pero sí preocupante: se enmarca en una tendencia regional donde los liderazgos autoritarios deslegitiman las instituciones para proteger a sus aliados y erosionar los contrapesos democráticos.

En Colombia, la justicia ha sido víctima de múltiples presiones políticas, amenazas y campañas de desprestigio. Por eso, defenderla en momentos como este no es un acto de neutralidad: es un deber con la democracia.

Editorial Nación Paisa

Fotos: Colprensa