La Contraloría y la Procuraduría, que vienen haciendo un seguimiento a las dificultades que se presentan en los servicios públicos de energía y gas, anunciaron la creación de la Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético, que busca hacerle seguimiento a las acciones adoptadas por los diferentes actores del sistema para enfrentar los riesgos en materia de sostenibilidad, calidad y cobertura de estos servicios esenciales.
Este mecanismo de vigilancia se enfocará específicamente en el monitoreo de las problemáticas relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas, informaron las dos entidades.
Su primera actividad fue convocar una mesa de trabajo con el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y su equipo.
A la Superintendencia se le solicitó presentar información detallada de las actuaciones que ha realizado en la intervención de Air-e, para garantizar la prestación del servicio a cargo de la empresa.
De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025 la deuda del Gobierno Nacional y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas alcanza los $7,6 billones, distribuidos en:
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$2,7 billones por subsidios de energía eléctrica
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$3,3 billones por opción tarifaria
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$1 billón de deuda de usuarios oficiales
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$628 mil millones por subsidios de gas combustible
Foto y noticia: Colprensa
