La defensa de Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, anunció que solicitará a la Corte Constitucional la revisión de la tutela que fue rechazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se pedía anular su condena por delitos relacionados con actos vandálicos durante las protestas de 2019.

Francisco Bernate, abogado de la influenciadora, explicó a Colprensa que el recurso de amparo había sido presentado contra el fallo que la condenó por instigación a delinquir con fines terroristas, y que ya había sido rechazado anteriormente por la Sala Civil del mismo tribunal.

“Esta es una decisión en la que efectivamente se despacha de manera desfavorable una apelación que se interpuso por esta defensa respecto de una negativa de una tutela”, indicó Bernate al confirmar el resultado del proceso ante la Sala Laboral.

El abogado sostuvo que confían en que la Corte Constitucional admita el caso y analice los alcances jurídicos del fallo penal. “Ahora vamos a solicitar que esta tutela sea revisada por la Corte Constitucional y que allí se dé el debate y, sobre todo, se tracen límites entre lo que es el vandalismo y lo que es el terrorismo”, señaló.

Barrera fue condenada por instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del servicio público de transporte, tras haber participado en actos vandálicos durante el paro nacional de 2019, como la destrucción de una estación de TransMilenio, hechos que ella misma grabó y difundió en redes sociales.

El proceso judicial avanzó hasta la Corte Suprema de Justicia, que en enero de 2025 confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá y ordenó su captura inmediata. Desde entonces, la defensa ha presentado varias acciones de tutela que buscan dejar sin efecto la condena.

En sus recursos, argumentaron defectos en la interpretación del tipo penal aplicado, afectaciones al derecho a la libertad de expresión y falta de valoración del enfoque diferencial por su condición de madre cabeza de hogar. Según Bernate, la discusión de fondo es determinar si las conductas imputadas pueden ser catalogadas como instigación al terrorismo o si deben tratarse como expresiones de protesta con consecuencias penales distintas.

El abogado confirmó que ya se han efectuado pagos como parte de las reparaciones económicas por los daños ocasionados. Según Bernate, la empresa Productos EPA ha consignado $50 millones a una aseguradora y $7 millones a Recaudo Bogotá, y se encuentran en negociación con TransMilenio por una suma de $360 millones por perjuicios relacionados con los destrozos en la estación Molinos.

Foto y noticia: Colprensa