Con grandes accionar, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión constitucional adelanta acciones de seguimiento en la formulación e implementación de las políticas públicas dirigidas a la garantía de los derechos humanos. Por tal razón, envió requerimientos al ICBF y a la Supersalud con la necesidad de tener información sobre las acciones de contingencia adoptadas para detener el incremento en el número de casos de desnutrición y muertes por desnutrición que se ha visto este año.

Como bien se sabe, uno de los departamentos mas olvidado por parte del gobierno nacional es la Guajira, donde el hambre y la necesidad se vuelve el pan de cada día para cada uno de los habitantes de esa región, donde la desnutrición en los niños es el arma más letal que se puede tener con cada visita.

Es así, que, en tan solo 2 meses y medio del 2023, según el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 11 del INS se registran 4.474 casos notificados de desnutrición aguda de los cuales 376 son en La Guajira. Así mismo, se publicaron 18 muertes notificadas por esta enfermedad o causas asociadas en niños menores de 5 años en ese departamento, donde el 30% del total registradas en el país.

Es por eso que Carlos Camargo Assis expresa lo siguiente, “Solicitamos al ICBF informar cuáles son las acciones de urgencia o contingencia desarrolladas en La Guajira para detener este incremento y cuántos beneficiarios se están atendiendo a través de sus programas de prevención y atención de la desnutrición en la primera infancia”

Asimismo, se logró realizar un enfoque especial en los grupos étnicos, ya que, según los datos del Instituto Nacional de Salud, INS, de los 1.814 casos notificados por desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años en el 2022, el 75,7 % corresponde a población indígena.

Es así, que muchas de las entidades territoriales se encuentren en demora con su cumplimiento. La Defensoría ha logrado observar que muchas de ellas no conocen el contenido de la Resolución, a pesar de la existencia de los lineamientos no adoptan las acciones de prevención y atención que allí se presentan como una medida para manejar de manera adecuada la desnutrición de los niños entre 0 y 59 meses, lo cual constituye una vulneración del derecho de la niñez al desarrollo integral.

Finalmente, Carlos Camargo Assis, aseguró que “en los documentos enviados al ICBF y a la Supersalud reiteramos las recomendaciones y alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en las que insistimos en que es necesario un trabajo interinstitucional para frenar los casos por enfermedad y muerte por desnutrición en menores de 5 años en todo el país”.