Según la entidad, Córdoba, Sucre, Nariño, La Guajira y Cundinamarca están entre los departamentos más afectados. Allí se han registrado daños en viviendas, cultivos y ganadería y se ha afectado la infraestructura vial y de servicios.
En Córdoba, el departamento más afectado, el gobernador, Erasmo Zuleta, declaró la calamidad pública. Se estima que 15 mil personas, en 17 municipios del departamento, han resultado afectadas.
La Defensoría recordó a alcaldes y gobernadores, así como también a funcionarios de gestión del riesgo de desastres de todos los niveles, su obligación de «implementar medidas preventivas y de mitigación, fortalecer los planes de gestión del riesgo, activar oportunamente los comités de gestión del riesgo y garantizar la atención integral a las comunidades afectadas, priorizando, especialmente, a la población en situación de vulnerabilidad».
Entre las medidas solicitadas por la Defensoría está la de activar las acciones que hacen parte de las Estrategias de Respuesta a Emergencias, para prestar asistencia y ayuda humanitaria a la población que lo requiera.
Así mismo, preparar alojamientos temporales que cumplan con las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, para las personas que sean evacuadas. Estos alojamientos, además, deben tener en cuenta las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y personas LGBTIQ+.
La entidad recomendó que se implementen rutas de protección integral para niñas, niños y adolescentes y adultos mayores y se establezcan estrategias para la participación de las comunidades en la toma de decisiones.
