Durante las últimas horas se dio a conocer por parte la denuncia de la integración empresarial de Viva Air y Avianca cuyos argumentos fueron documentos como son derechos de petición a las siguientes entidades: Aeronáutica Civil, superintendencia financiera y contraloría general de la república, entre otras. Radicado por el señor Andrés Algarra.
Los argumentos dados por dicho peticionario son:
1 el incumplimiento de las disposiciones legales en dichas comunicaciones remitidas en enero del presente año, allí señalan la vulnerabilidad con las actuaciones desplegadas en el marco del proceso de integración empresarial entre Avianca y Viva y de otros asuntos de responsabilidad estatal
2 En hechos efectuados para la presente denuncia, El pasado 18 de enero, la Martha Lucía Bejarano Mejía, Secretaría de Autoridad Aeronáutica (E) de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con base a la resolución 00079 de 2023 en la cual declaró la existencia de una irregularidad sustancial en el trámite de la actuación administrativa, ordenó dejar sin efecto todo lo actuado desde el 11 de agosto de 2023 -quedando vigentes los términos de los días 8, 9 y 10 de agosto de 2022- y dispuso que se rehiciera la actuación administrativa aplicando en su integridad el procedimiento especial previsto en la Ley 1340 de 2009 y normas concordantes.
3. En este punto la resolución fue comunicada, entre otros, a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Transporte y Tribunal Administrativo de Cundinamarca quienes, oportunamente, conocieron los efectos de esta decisión
4 una vez comunicado se dio a conocer «el acto administrativo se configuró, AUTOMATICAMENTE, el silencio administrativo positivo, pues el articulo 10 de la Ley 1340 de 2009 ofrece esta garantía para quienes, legalmente, esté sujetos a sus efectos. Teniendo en cuenta que el recurso no se resolvió en el término legal definido -pues todo, desde el 11 de agosto, fue anulado- debe entenderse como resuelto a favor de quien lo interpuso y da lugar a la pérdida de competencia de la Entidad que adelanta el proceso administrativo correspondiente, sin necesidad de su protocolización. No obstante, lo anterior, se han seguido adelantando actuaciones administrativas dilatorias que han acrecentado las afectaciones en todos los grupos de interés».
5 . Fue dado a conocer «El 24 de enero de 2023, a través de mis escritos alerté a los destinatarios que, antes de haber tomado la decisión del 18 de enero de 2023 (resolución 00079), debía ser sustentado y probado que la no observancia del procedimiento especial previsto en el artículo 10 de la ley 1340 de 2009, debía influir de manera cierta y directa en la decisión de fondo para considerar que esta presunta irregularidad, debía considerarse como sustancial. El rehacer todo un proceso, complejo y trascendental para millones de personas por razones FORMALES y no SUSTANCIALES podría afectar profundamente la garantía de los derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos nacionales y extranjeros que dependen de la prestación de este servicio y podría propiciar una serie de responsabilidades administrativas, disciplinarias y otras por determinar, pues las dilaciones y la falta de oportunidad, agrava, cada día, la ya muy difícil situación».
Los tres aspectos que fundamentos que fundamenta para darle más fuerza a esta denuncia del señor Andrés son:
- Incongruencias administrativas que dilataron injustificadamente el trámite de una solicitud de integración empresarial y configuraron el silencio administrativo
- Faltas a la debida diligencia por parte del aparato estatal para garantizar la prestación del servicio público de transporte aéreo, el derecho al trabajo, los derechos colectivos y otros derechos fundamentales y constitucionales que se vieron vulnerados con el cese de actividades de la empresa VIVA AIR.
- La inacción por parte de las autoridades competentes para evitar que el cese de operaciones se realizara de manera súbita, sin control, sin ninguna evidencia previa de supervisión por parte de las autoridades competentes y sin ninguna medida evidente de mitigación o actuación por parte de los involucrados en representación del Estado. Pareciera como si los efectos de la tan anunciada crisis, publicitados a diario durante todo el mes de febrero de 2023 en los distintos medios de comunicación, la conociéramos todos los ciudadanos y no así las autoridades competentes.
De esta manera, tendremos que esperar que sucede con las entidades pertinentes con base a la denuncia presentada para la integración empresarial entre Avianca y Viva Air.
