La Procuraduría sancionó al exconcejal de Medellín Julio Enrique González Villa, por conducta indebida contra una servidora que integraba sus unidades de apoyo dentro de la corporación edilicia. Además deberá girarle millonarios recursos al Concejo Municipal.

En una decisión de alto impacto político, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó disciplinariamente al exconcejal del Centro Democrático en Medellín, tras hallarlo responsable de un caso de acoso laboral contra una funcionaria del Concejo Municipal.

Según el fallo del órgano de control, González Villa incurrió en conductas reiteradas de presión, hostigamiento y tratos degradantes, afectando la dignidad de una de sus subalternas en el ejercicio de sus funciones. Por tal motivo, la Procuraduría ordenó su destitución inmediata e inhabilidad para ejercer cargos públicos por varios años.

Aunque el concejal, cuya identidad ha sido ampliamente divulgada en redes y medios locales, podría intentar apelar la decisión, la sanción se considera de carácter definitivo, y por tratarse de una falta grave cometida en ejercicio de su función, no sería amparado por el fuero de elección popular ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este caso ha provocado reacciones de sectores políticos que recuerdan que el ahora sancionado fue uno de los impulsores de denuncias similares en el pasado. De hecho, según declaraciones en plataformas sociales, el mismo concejal había solicitado en reiteradas ocasiones a la Procuraduría que sancionara a opositores políticos, alegando supuestas irregularidades, lo que ha llevado a algunos analistas a hablar de una “ironía política”.

“Esta era mi oposición en Medellín. Ahora resulta inhabilitado por acoso. El tiro le salió por la culata”, expresó en su cuenta de X el exalcalde de esa ciudad, Daniel Quintero, en un mensaje que refleja la tensión que rodea el ambiente político local.

La decisión de la Procuraduría también se enmarca en una coyuntura nacional en la que se intensifica el debate sobre los límites del poder disciplinario frente a funcionarios de elección popular, y sobre la necesidad de garantizar entornos laborales libres de violencia y abuso de poder dentro del sector público.

Además, el Ministerio Público le ordenó devolver los más de $100’000.000 al Concejo de Medellín, correspondientes a honorarios recibidos por el año que estuvo inhabilitado.