Y hasta lo hacen a través de medios con los cuales degradan la comunicación. Todo con el ropaje de la libertad de expresión y la simulación de la democracia.
Con esas prácticas engañosas se diezma la identidad de la oposición. Porque esta debe ser revestida de credibilidad. Es un derecho que no puede perder legitimidad con las fragilidades de los corredores de versiones infundadas.
Y siendo la oposición uno de los pilares de la democracia cuando se ejerce con responsabilidad, no se puede consentir que se le utilice como pieza del revanchismo o en función de resentimientos o de personalismos venenosos, como es corriente en algunos dirigentes, aferrados a pasar cuentas de cobro cuando no alcanzaron a satisfacer sus metas de privilegios cargados de avaricia adobada de corrupción.
Con pretensiones de ejercer oposición se invoca la democracia. Pero esta queda anulada cuando lo que se dice carece de verdad. Desde la oposición se cuestiona la inseguridad, pero se hace fuera de contexto. La seguridad es una de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Está entre los fines del Estado social de derecho. Es la paz, la convivencia, la armonía en el conjunto de la sociedad. Se fortalece con la participación militante de todos, o sea, con el pueblo activo como expresión de soberanía y de democracia funcional.
Cuando en el Congreso la oposición decide legislar contra los derechos de los trabadores está diezmando la democracia y contribuyendo a una mayor consolidación de la desigualdad y por consiguiente, abriéndole espacios a la lucha de clases.
Otro eslabón pernicioso en la cadena de la oposición es que esa función también la ejerzan los altos servidores de los órganos de control del Estado. En los últimos tiempos ha sido ostensible su protagonismo con fines de distanciamiento del gobierno y no en el cumplimiento de sus competencias legales sino como adversarios. En esa confrontación estuvieron Francisco Barbosa desde la Fiscalía General de la Nación y Margarita Cabello en la Procuraduría. Y no han faltado magistrados de las altas Cortes, movidos por sentimientos que no esconden su parcialidad de índole ideológica.
Las contradicciones de los opositores en lo referente a la paz es perverso en no pocos casos. Al tiempo que reclaman especiales acciones oficiales se ponen del lado de la causa paramilitar o les parece mal que se esté en negociaciones de paz con los grupos armados que buscan dejar las armas y asumir su activismo en la legalidad.
La posición es un derecho que debe tener reconocimiento y protección oficial, pero también impone la responsabilidad de ejercerla con sujeción a la verdad, sin intención tóxica.
Puntada
El Catatumbo, donde la violencia de los grupos alzados en armas ha alcanzado una devastadora
intensidad, debe estar entre las prioridades oficiales tendientes a superar la magnitud del
conflicto que lo afecta.
