La Red de Veedurías de Colombia advirtió que, de manera extraña, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) publicó en algunos medios avisos publicitarios que ofertaban seis locales con mezzanine con un valor comercial que, a la luz de los posibles compradores, habria sido desmotivante por cuenta del alto costo con el que se presentó.

Sin embargo, la realidad del proyecto plantea cerca seis locales comerciales ubicados en el sector de San Victorino que cuentan en la parte de atrás con otros 60 locales comerciales que recientemente entraron a la SAE dentro del mismo proyecto.

De acuerdo con el veedor Pablo Bustos quiere decir que, no solo se ofertaron esos seis, sino que también otros 60 locales que de haber sido conocidos por todos los interesados tal vez -en su concepto- tendría más oferentes.

Motivo por el cual, dese su análisis, el manto de dudas de cara a este proyecto recae por cuenta de los compradores y la SAE, quienes al parecer habrían coordinado la compra por un valor inferior, teniendo en cuenta la publicidad que se dio a conocer en los medios de comunicación donde se presentó la oferta.

«Resulta increíble pensar que la SAE se haya equivocado en más de 800 metros cuadrados en la publicidad que se le entregó a medios de comunicación, en donde se vendía la ‘joya de la corona’ representada en el único lote disponible en el corazón mayorista de América Latina «, señaló Bustos.

«Toda vez que en realidad se entregarán 60 locales tras una puja comercial de seis, que a toda luz generaría un detrimento patrimonial», agregó Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.

A su vez, anunció que interpondrá las acciones legales pertinentes, inicialmente ante la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República para que se investigue el patrimonio de la funcionaria que estuvo involucrada en este hecho.

Porque según anónimos allegados a esta Veeduría, se habrían pagado importantes sumas de dinero como coimas para que este negocio, al parecer, pudiera darse sin el lente veeduríal y el control de los organismos de control del Estado encargados para tales fines.

Por lo anterior, la Red también pedirá a la Contraloría General de la Nación y a la Procuraduría General, que investigue los motivos por los cuales esta publicidad con la que se ofertó el inmueble se hizo bajo parámetros engañosos, toda vez que se prometió un bien inmueble mucho más inferior a lo que realmente se va a entregar.

Cabe precisar que recientemente Catastro presentó el avalúo catastral de los bienes inmuebles para el sector de San Victorino, donde se registró un fuerte incremento. Por lo anterior, los locales que fueron vendidos por cerca de $19.000 millones ara el momento de la venta realmente costarían $55 mil millones de pesos y por cuenta del avalúo actual, estarían rondando por los $70 mil millones de pesos.

Es importante mencionar que las víctimas, que en su mayoría son comerciantes, presentarán acciones legales toda vez que sobre estos terrenos ya se está vendiendo un proyecto inmobiliario sobre el cual se dice en el sector se habrían recaudado más de $22.000 millones.