En un hecho sin precedentes dentro del sindicalismo petrolero en Colombia, la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), perteneciente a la Unión Sindical Obrera (USO), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de su propia organización y contra la empresa Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., filial del Grupo Ecopetrol.

La acción judicial, según explicó William Silgado Paterna, presidente de la SUO, se fundamenta en la presunta violación de los derechos de reunión y asociación, contemplados en el artículo 200 del Código Penal. El sindicato acusa a la dirigencia nacional de la USO de haber ordenado el retiro unilateral del pliego de peticiones aprobado por más de 1.500 trabajadores en asamblea, sin consulta previa.

“Es lamentable tener que acudir a la justicia penal en contra de nuestra propia organización. Pero no nos dejaron otro camino. No fuimos escuchados ni por la dirigencia sindical ni por las autoridades laborales”, señaló Silgado.

Un conflicto de larga data

Las diferencias entre la subdirectiva y la dirigencia nacional de la USO no son nuevas. En 2019, el debate sobre el fracking ya había generado tensiones internas. El punto crítico se dio en marzo de 2023, cuando la SUO aprobó un pliego de peticiones que fue radicado ante Cenit. Sin embargo, en julio de 2025, el presidente nacional de la USO, César Loza, ordenó su retiro sin convocar a una nueva asamblea ni consultar a la base sindical.

La denuncia señala que se desconoció la voluntad de los trabajadores y se vulneraron mecanismos democráticos internos.

OPES y el riesgo de privatización

El conflicto se intensifica con la implementación del proyecto OPES, una estrategia de digitalización promovida por Cenit con apoyo de parte de la dirigencia nacional de la USO. Según la subdirectiva, esta política ha generado la eliminación de al menos 75 empleos en la mitad de las plantas de bombeo y rebombeo de hidrocarburos del país.

Los trabajadores también denuncian jornadas extenuantes de hasta 10 días consecutivos con turnos de 12 horas, lo que, afirman, contrasta con la política de reducción progresiva de la jornada laboral impulsada por el Gobierno nacional.

“Estas condiciones ponen en riesgo no solo a los trabajadores, sino a las comunidades y al medio ambiente. Hay plantas en zonas urbanas que no podrían atender una emergencia con el personal reducido que hoy existe”, advirtió Silgado.

La SUO sostiene que detrás de estas decisiones existiría una estrategia de privatización encubierta, en la que la reducción de personal haría inviable la operación interna y justificaría la entrada de contratistas, incluidas multinacionales, con riesgo de pérdida de soberanía energética.

Sin respaldo institucional

El sindicato asegura que tras acudir sin éxito a instancias internas y al Ministerio de Trabajo, que habría dejado vencer los términos para sancionar a Cenit por la negativa a negociar el pliego, se vieron obligados a presentar la denuncia ante la Fiscalía General.

La investigación ahora queda en manos de la justicia, en medio de un conflicto que expone las divisiones al interior del principal sindicato del sector petrolero y que podría tener repercusiones en la estabilidad laboral y en el futuro de la operación de oleoductos en Colombia.