La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena por los delitos de cohecho propio y soborno en actuación penal contra el exmagistrado Eduardo Castellanos Roso, quien integró la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
El fallo judicial está relacionado con pagos ilegales y atenciones especiales recibidas por Castellanos Roso entre 2013 y 2016, a cambio de favorecer al exparamilitar Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias “El Mellizo”. El entonces magistrado habría facilitado la dilación del incidente de exclusión en su contra y mantenía al tanto al abogado defensor sobre las decisiones internas del tribunal.
Testimonio clave y pruebas contundentes
Pese a los argumentos presentados por la defensa, la Sala dio total credibilidad a las declaraciones del abogado Marco Tulio Quintero Cano, quien representaba a Mejía Múnera y se convirtió en testigo del caso.
“Escrutado en su integridad el relato incriminatorio de Marco Tulio Quintero Cano, el mismo inspira credibilidad, es consistente, racional y articulado con otros medios probatorios, y se revela desprovisto de propósitos distintos al de denunciar hechos delictivos”, indica el fallo.
La Corte señaló que Castellanos Roso actuó con plena conciencia de su conducta ilícita, afectando de forma grave la transparencia, imparcialidad y objetividad que deben guiar la función judicial.
Soborno para silenciar testigo en 2018
En 2018, cuando Quintero Cano fue citado por la Fiscalía en el marco de investigaciones por corrupción en la justicia transicional, Castellanos Roso le ofreció y entregó dinero para evitar que lo mencionara en su testimonio. Por ello, también fue hallado culpable de soborno en actuación penal.
Condena ratificada y sanciones impuestas
La Sala Penal de la Corte Suprema ratificó la condena proferida por la Sala Especial de Primera Instancia, imponiéndole al exmagistrado:
100 meses y 16 días de prisión
Inhabilitación para ejercer cargos públicos por igual período
Multa de 625,02 salarios mínimos legales mensuales vigentes
Negación de cualquier beneficio sustitutivo de la pena de prisión
La Corte concluyó que Castellanos puso precio a su función judicial, deshonrando el principio de justicia al anteponer intereses personales.
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