Colombia volvió a despertar con el eco ensordecedor de la violencia. Los recientes atentados, atribuidos a disidencias de las FARC vinculadas al narcotráfico, no solo sembraron el dolor y la incertidumbre en distintas regiones del país, sino que dejaron al descubierto lo que muchos advertimos desde el inicio, la llamada “Paz Total” del presidente Gustavo Petro no era más que un castillo de naipes sostenido por discursos grandilocuentes y promesas vacías. Hoy, esos naipes se desploman y el precio lo pagan los colombianos de a pie, los soldados, los policías en las carreteras, y las familias que vuelven a vivir la pesadilla del miedo.
La fragilidad de una estrategia improvisada, sin línea de mando clara, que confundió al Estado con un mediador débil y al crimen organizado con interlocutores políticos. En la práctica, lo que ha hecho la “Paz Total” es otorgar tiempo, espacio y oxígeno a los grupos armados ilegales para reorganizar sus rutas de narcotráfico, fortalecer sus ejércitos privados y expandir sus tentáculos de terror.
Estas disidencias no son actores políticos con banderas ideológicas como en los años noventa. Son carteles de droga disfrazados de insurgencia, mafias que utilizan la bandera de la negociación solo para ganar legitimidad y obtener concesiones, mientras siguen financiándose con cocaína, minería ilegal y extorsión. ¿Qué seguridad puede garantizar un gobierno que se niega a llamar a las cosas por su nombre?
El narcoterrorismo que sacude hoy al país es, en buena medida, consecuencia directa de esa visión romántica e ingenua del conflicto. Petro optó por desmovilizar al Estado y abrir las puertas al “diálogo” con criminales, mientras cerraba los ojos al fortalecimiento de sus arsenales. Las cifras hablan por sí solas, más masacres, más desplazamientos, más reclutamiento de menores y más atentados contra la Fuerza Pública. El resultado es un Estado debilitado, que se muestra incapaz de proteger a su gente, y unos grupos armados que avanzan con la arrogancia de quien sabe que no enfrenta consecuencias reales.
El discurso oficial insiste en que se trata de “obstáculos en el camino hacia la paz”. La verdad es otra, estamos ante un fracaso anunciado, porque la paz no se decreta ni se improvisa con mesas de negociación. La paz se construye desde la autoridad legítima, con instituciones sólidas, con inteligencia militar efectiva, con control territorial y, sobre todo, con un Estado que no titubea frente a la criminalidad.
El problema de fondo es que el gobierno de Petro confundió paz con permisividad, y confundió diálogo con rendición. Y en esa confusión, quienes ganaron fueron los violentos. Hoy los colombianos pagamos las consecuencias, el miedo regresa a los pueblos, los empresarios se sienten extorsionados, los campesinos vuelven a ser rehenes de los cultivos ilícitos, y los uniformados son blanco fácil de quienes nunca dejaron las armas.
La historia de Colombia nos ha mostrado que el terrorismo, venga de donde venga, solo se derrota con decisión, firmeza y un Estado que ejerza autoridad sin complejos. Pero este gobierno prefiere seguir atado a la retórica de una “Paz Total” que, en la práctica, se ha convertido en una guerra total contra la ciudadanía.
El llamado es urgente, o recuperamos el rumbo y enfrentamos a estas estructuras criminales con la contundencia que exigen las circunstancias, o terminaremos sumidos en una espiral de violencia aún más profunda. Colombia no merece repetir la historia del dolor y la sangre. El país necesita seguridad, justicia y un gobierno que tenga el coraje de asumir su deber, proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos.
Foto y columna: Colprensa
