La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a Álvaro José Salazar Romero, José Eduardo Cortés González y José Olmedo Manjarrez Valencia por su presunta participación en un esquema de estafa masiva vinculado a un proyecto de construcción de un complejo comercial en Cali, Valle del Cauca. Los delitos atribuidos a estas personas incluyen concierto para delinquir, administración desleal, hurto agravado por la confianza, estafa en masa y falsedad en documento privado.

El caso se originó entre 2013 y 2018, cuando los acusados promovieron la venta de locales y otras áreas de un centro comercial que nunca se construyó. Este megaproyecto, que pretendía contar con hotel, restaurantes, bancos, consultorios médicos y 1.800 parqueaderos, ofertó un total de 340 inmuebles para diferentes usos. Sin embargo, la falta de recursos económicos impidió su desarrollo.

Hasta ahora, se han identificado 91 víctimas, incluyendo tanto personas jurídicas como empresas reconocidas, prestamistas e inversores. Estas personas no vieron retorno alguno sobre su inversión, ya que, según la investigación, los imputados habrían desviado los recursos y bienes confiados para fines distintos a la ejecución del complejo.

Los detalles del fraude son alarmantes

Los acusados habrían obtenido préstamos de inversores y comprometido el patrimonio de fideicomitentes, perjudicando significativamente a quienes confiaron en el proyecto. Los primeros cálculos indican que el monto defraudado supera los 85.000 millones de pesos. De esta cifra, se estima que 24.000 millones de pesos presuntamente terminaron en manos de Manjarrez Valencia, mientras que Salazar Romero se habría apropiado de otros 4.000 millones.

Este caso se enmarca dentro de un contexto más amplio de estafas relacionadas con proyectos inmobiliarios en Colombia, que han afectado la confianza de los inversionistas en el sector de la construcción. Las autoridades continúan sus investigaciones para determinar la magnitud total del daño causado y si hay más involucrados en este esquema fraudulento.

Actualización del proceso judicial

Santiago de Cali, septiembre de 2025

CENTRO COMERCIAL MARCAS MALL CALI,

Soy José Olmedo Manjarrés Valencia. Soy inocente y lo probaré. No quebré el proyecto: participé únicamente como inversionista, a riesgo de mi propio patrimonio , compre el lote que requería el proyecto. Nunca fui ni promotor ni gestor, ni estructurador, ni diseñador, ni interventor ni comercializador del proyecto, no tomé decisiones administrativas o fiduciarias. Confío en que la justicia demostrará la verdad y restablecerá mi buen nombre.

El pasado 7 de julio remití un informe aclaratorio a más de 50 personas entre comerciantes, empresas y abogados vinculados al proyecto Marcas Mall, en el que fijé por primera vez después de siete años mi posición como inversionista invitado al proyecto. Hoy, de manera pública, reitero ese mismo mensaje con total transparencia y respeto por la investigación en curso. Muchos de ellos quedaron sorprendidos, pues durante estos años recibieron versiones diferentes a los hechos que hoy expongo.

En relación con la imputación de cargos formulada en mi contra dentro del proceso relacionado con el proyecto Centro Comercial Marcas Mall Cali, me permito aclarar a la opinión pública lo siguiente:

1. No soy responsable de la quiebra del proyecto.

Mi papel en Marcas Mall fue exclusivamente el de inversionista, asumiendo riesgos con mi propio patrimonio, conforme al Acuerdo de Alianza Estratégica de marzo de 2013, documento que firmé cuando fui buscado e invitado a participar en el proyecto por el Grupo Promotor y Desarrollador, quienes desde 2011 venían trabajando en él. En consecuencia, nunca fui promotor,gestor, desarrollador, diseñador, comercializador ni interventor. Todas las decisiones operativas, fiduciarias, comerciales, normativas, contables y administrativas estuvieron a cargo del Grupo Promotor y Desarrollador en los documentos del proyecto.

2. No estafé a nadie.

Se ha afirmado en algunos medios que yo habría cometido una estafa, Eso es falso. Nunca interactúe con ningún comprador de mt2 en el proyecto, porque nunca fui Gestor ni Desarrollador del proyecto, Por el contrario:

o Mi empresa pagó a una multinacional por el lote de la carrera 1 con 54, para la adquisición del lote sobre el cual se levantaría el
proyecto.

o Dichos pagos, realizados entre marzo de 2013 y octubre de 2014, están certificados por la multinacional y respaldados en cheques y transferencias bancarias.

o El valor por el cual hoy se me acusa corresponde exactamente al mismo monto que, a riesgo de mi patrimonio, fue pagado por mi empresa para adquirir el lote del proyecto a la multinacional. Ese
mismo valor que posteriormente que fue devuelto a mi empresa por la fiduciaria y los responsables del proyecto, Grupo Promotor y Desarrollador en calidad de abonos parciales a lo aportado, distribuidos en 23 meses, debido a que nunca se generaron los ingresos por ventas que ellos habían prometido .

3. Siempre actué de buena fe y dentro de la ley.

o He puesto a disposición de la Fiscalía y de las autoridades todos los documentos que soportan mis actuaciones.

o Jamás he ocultado información ni manipulado recursos de terceros.

o Al igual que muchos comerciantes e inversionistas, yo también fui gravemente afectado en mi patrimonio por el fracaso del proyecto. Nunca se me devolvió la totalidad de lo invertído y, a pesar de que el Grupo Promotor y Desarrollador presentó como cumplidas las condiciones del punto de equilibrio —aprobadas por la fiduciaria—, jamás se generaron los ingresos por ventas y mucho menos las utilidades proyectadas por el Grupo Promotor y Desarrollador.

4. Respeto absoluto al debido proceso.

o La Constitución Política (artículo 29) establece que toda persona se presume inocente hasta que exista sentencia condenatoria en firme.

o Solicito a la opinión pública y a los medios de comunicación respetar ese principio, evitando difundir afirmaciones que vulneren mi derecho fundamental al buen nombre (artículo 15) y a la presunción de inocenci

5. Confianza en la justicia.

Tengo plena confianza en que la justicia esclarecerá los hechos con base en pruebas objetivas y en derecho, y que se demostrará que no soy responsable de los cargos que se me imputan. Será la Fiscalía, de manera imparcial,
quien determine exactamente quiénes fueron los verdaderos responsables de la quiebra del proyecto Marcas Mall. El proyecto se quebró por decisiones y riesgos asumidos por el Grupo Promotor y Desarrollador, del cual ni yo ni mi empresa hicimos parte. Yo aporté patrimonio propio y actué siempre de buena fe, jamás con ánimo de defraudar a nadie.

Conclusión:

No soy responsable de la quiebra de Marcas Mall Cali ni estafé a nadie. Aporté contra mi patrimonio los recursos para la compra del lote a una multinacional, hecho certificado por la propia compañía. Mi empresa cumplió con sus compromisos; en cambio, no recibí el cumplimiento prometido por el Grupo Promotor y Desarrollador cuando me invitaron a participar en el proyecto. El lote, adquirido inicialmente por mi compañía el 31 de octubre de 2014 fue aportado posteriormente al fideicomiso en Acción Sociedad Fiduciaria para el proyecto Marcas Mall, fue avaluado en más del doble de lo que se pagó en junio de ese mismo año. Dicho predio incrementó su valor gracias a la modificación del uso del suelo obtenida mediante el Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall Cali, aprobado en noviembre de 2016, gestión alcanzada con gran esfuerzo y pese a la oposición de un miembro del mismo Grupo Promotor y Desarrollador. Hoy, de acuerdo con estudio técnico, este lote tiene una incidencia en un nuevo proyecto que lo valora en más de siete veces su valor de compra inicial, recursos que, de haberse gestionado adecuadamente mediante su venta o asociación, habrían permitido atender a todos los terceros que resultaron perjudicados. Sin embargo, esa posibilidad se frustró en marzo de 2019 por la oposición de un socio del mismo Grupo Promotor y Desarrollador, asunto que también fue informado a la Fiscalía para su valoración.

Igualmente, resulta preocupante que el actual liquidador de la Promotora Marcas Mall Cali, designado por la Superintendencia de Sociedades – Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, pese a haber recibido múltiples comunicaciones por correo electrónico de nuestra parte, nunca haya dado respuesta, aun cuando esta situación también fue puesta en conocimiento de la propia Superintendencia de Sociedades. Preocupa, además, que se pretenda utilizar un valor de venta de la tierra que no corresponda a su valor real ni reconozca la valorización alcanzada por la manzana afectada, la cual cuenta hoy con una de las normas de uso de suelo más importantes en la ciudad de Cali, con un índice de ocupación del 0,8 y un índice de construcción de 5,43, lo que garantiza atender de manera adecuada a todos los afectados.

Por el contrario, me considero víctima de incumplimientos del Grupo Promotor y Desarrollador, hechos que he puesto en conocimiento de la Fiscalía mediante denuncias penales, para que sea la autoridad competente quien establezca las responsabilidades correspondientes. El proyecto nunca generó los recursos necesarios para ser viable, ni se me restituyeron los aportes que se me aseguró serían devueltos cuando fui invitado a participar como inversionista, aportando el lote y el capital de trabajo. Únicamente recibí abonos parciales durante 23 meses.

Durante todo el tiempo de desarrollo del proyecto se me garantizó que los ingresos por ventas alcanzarían el 90% en etapa operativa y preoperativa, y que solo el 10% restante correspondería a la escrituración; sin embargo, esa proyección nunca se cumplió.

Con pruebas en mano, instauré denuncia penal (radicado No. 760016000199202510429) ante la Fiscalía 77 Seccional de Cali, contra quienes, a nuestro juicio, tuvieron responsabilidad en la gestión del proyecto, para que sea la Fiscalía la que determine si existió o no responsabilidad. Además, presenté cinco denuncias adicionales contra uno de los integrantes del Grupo Promotor y Desarrollador, que igualmente cursan en la Fiscalía 77 Seccional de Cali, una de ellas con más de seis años en investigación, la cual esperamos pueda culminar este año. Así mismo, existe otra denuncia de las cinco radicada en la Fiscalía 74 Seccional de Cali (radicado No. 760016000199202451060). En todo caso, respetuosos de la presunción de inocencia, reiteramos que será exclusivamente la Fiscalía General de la Nación la encargada de establecer los resultados de estas investigaciones. Confío en que la justicia demostrará mi inocencia, restablecerá mi buen nombre y señalará a los verdaderos responsables, con base en pruebas yderecho, a quienes realmente deban responder.

Lo que hoy resulta incontrovertible y está plenamente probado es que Acción Sociedad Fiduciaria fue demandada y vencida en procesos civiles por afectados en el proyecto Marcas Mall. Como consecuencia de esos fallos, a la fecha ha debido responder a más de 39 comerciantes y terceros y se encuentran en trámite muchísimos más.

Este comunicado se emite en ejercicio de mi legítimo derecho de defensa y réplica, respondiendo a la campaña de prensa que ha afectado mi honra y buen nombre, siempre con total respeto por el debido proceso judicial y la presunción de inocencia.

Dichas campañas mediáticas fueron aprovechadas por terceros y tuvieron como efecto buscar afectar mi honra y buen nombre, hechos que ya he puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Comisión Seccional Disciplina de Judicial. Nada de lo aquí expuesto corresponde a hechos actuales en curso, sino que se refiere exclusivamente a hechos ocurridos entre los años 2011 y 2019, los cuales cuentan con documentación y soporte que reposan en la Fiscalía dentro del proceso Finalmente, reitero que este comunicado no pretende en modo alguno afectar la labor de la Fiscalía General de la Nación ni los derechos de las víctimas. Se trata exclusivamente del ejercicio legítimo de mi derecho constitucional a la defensa, al buen nombre y a la honra, frente a informaciones difundidas en medios de comunicación que han impactado negativamente mi imagen. Confío plenamente en que el proceso judicial avanzará con base en pruebas objetivas y en derecho, y será únicamente la Fiscalía y los jueces competentes quienes determinen las responsabilidades que correspondan.

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