La Fiscalía General de la Nación reveló un esquema criminal que utilizaba cooperativas de papel para dar apariencia de legalidad al oro extraído ilícitamente en varias regiones del país. El hallazgo permitió ocupar con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 12.000 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, nombres y registros de mineros artesanales fueron utilizados fraudulentamente para soportar transacciones y justificar la comercialización del mineral en diferentes establecimientos de Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar.
Cooperativas fachada para lavar activos
El entramado operaba a través de dos cooperativas que fueron constituidas con patrimonios base de apenas 17 y 100 millones de pesos, respectivamente. Sin embargo, los análisis financieros establecieron que estas organizaciones llegaron a reportar ingresos superiores a 5.834 millones y 3.274 millones de pesos, cifras que no tenían respaldo contable ni justificación económica.
Las entidades compartían sedes, revisores fiscales y directivos, lo que confirmó la existencia de una estructura coordinada para blanquear recursos obtenidos del oro ilegal.
Bienes afectados
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 35 bienes, entre los que se encuentran establecimientos de comercio, vehículos y material aurífero incautado.
El valor total de los bienes supera los 12.000 millones de pesos. Las diligencias fueron adelantadas con apoyo de la Policía Nacional en Medellín, Cañasgordas, Remedios, Vegachí y Santa Fe de Antioquia (Antioquia); Marmato (Caldas); Tadó (Chocó); y Barranco de Loba (Bolívar).
Con esta operación, la Fiscalía busca golpear las estructuras financieras que se benefician de la minería ilegal y que afectan tanto al medio ambiente como a las comunidades de estas regiones.
