En un hecho clave para el esclarecimiento de crímenes de Estado, 42 antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional aceptaron por escrito su responsabilidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, ocurridos en Antioquia.

Estos hechos dejaron un saldo trágico de 581 víctimas, de las cuales 208 fueron previamente desaparecidas de forma forzada para ser luego presentadas como bajas en combate.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que los implicados admitieron su culpabilidad conforme a los términos establecidos por la magistratura. De los 50 comparecientes imputados por estos crímenes, siete reconocieron hechos cometidos entre 2002 y 2003, mientras que los otros 35 lo hicieron por acciones perpetradas entre 2004 y 2007.

Según la magistrada Catalina Díaz, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007 ocurrieron al menos 270 hechos con un total de 442 víctimas. De estas, 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron. Además, se registraron 203 casos de desaparición forzada, de los cuales 41 personas fueron sometidas a tortura.

La JEP imputó a los 42 militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas y tentativas de asesinato. De los 581 crímenes reconocidos, 147 ocurrieron entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño, y los 434 restantes, así como las ocho tentativas de homicidio, se perpetraron entre 2004 y 2007.

“La Sala evidenció que los generales condicionaron la conducta criminal dentro de los batallones, presionaron a sus subalternos y permitieron la creación de estructuras delictivas dentro de las unidades bajo su mando”, explicó la magistrada Díaz.

De acuerdo con los datos revelados por la JEP, Antioquia concentró el 25,19 % de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país. Dentro del departamento, la IV Brigada fue responsable del 73 % de estas muertes entre 2000 y 2013.

Este reconocimiento de responsabilidad representa un paso fundamental en la búsqueda de verdad y justicia para cientos de familias que, durante años, han exigido el esclarecimiento de estos crímenes y la dignificación de la memoria de sus seres queridos.