Este 14 de noviembre un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos emitió una resolución donde presenta cargos en contra Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez, señalado como el cabecilla de la estructura ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc. Las acusaciones abarcan los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado.

Eventos ocurridos en 1998

Los hechos que generaron estos cargos están vinculados a la privación de la libertad y al trágico fallecimiento del sargento viceprimero del Ejército Nacional, Héctor Lucuara Segura.

El militar fue secuestrado el 15 de agosto de 1998, tras un enfrentamiento entre las fuerzas militares y las extintas Farc en la región del Urabá chocoano.

Durante casi cinco años, Héctor Lucuara Segura permaneció en cautiverio en condiciones infrahumanas y degradantes, compartiendo cautiverio con otras víctimas, entre ellas el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y el exconsejero de paz del departamento, Gilberto Echeverri Mejía.

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Esta tragedia alcanzó su punto culminante el 5 de mayo de 2003, cuando, en medio de un operativo de rescate llevado a cabo por la fuerza pública en Urrao, Antioquia cuando Héctor Lucuara Segura fue asesinado por miembros de las Farc.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que Iván Márquez habría participado directamente en este crimen de guerra, ya que los frentes a su cargo ejecutaron la retención y posteriormente el asesinato del sargento viceprimero, siguiendo las directrices que él, como coordinador del entonces bloque noroccidental e integrante del secretariado de las extintas Farc, había establecido.

¿Qué implica la Ley del anterior Sistema Penal?

Esta ley en el caso de Iván Márquez serviría para aplicar las normativas y procedimientos que estaban en vigor en el momento en que ocurrieron los eventos relacionados con los cargos en su contra. Esto incluiría el respeto de las garantías procesales y la conducción del proceso penal de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 600 de 2000.