En un nuevo avance en la investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, la Fiscalía General de la Nación ha ejecutado medidas contundentes para afectar el patrimonio de tres de los señalados implicados en el crimen, cuyos bienes, valorados preliminarmente en más de 800 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias simultáneas llevadas a cabo en Bogotá y Rionegro (Antioquia).

Un equipo de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio e investigadores del CTI ha impuesto medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre tres inmuebles y dos vehículos vinculados a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, así como a Virgelina Hoyos Durango, madre de los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes están siendo procesados penalmente por este crimen.

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Según los elementos de prueba recabados, los activos afectados estarían registrados a nombre de estos individuos, siendo Virgelina Hoyos Durango señalada de haber prestado su nombre para ocultar algunos de los bienes.

La investigación penal ha revelado que Margareth Lizeth Chacón Zúñiga habría participado junto a su pareja y cuñado en la planificación del asesinato, facilitando incluso una camioneta para las reuniones en las que se concretó la acción criminal.

Por su parte, Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño admitieron haber vigilado y seguido a la víctima antes del homicidio, proporcionando la ubicación exacta del fiscal en la playa para que los sicarios ejecutaran el acto criminal. Ambos fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión por estos hechos.

Los bienes afectados pasarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, marcando un hito en la lucha contra la impunidad y la afectación patrimonial de quienes participaron en este crimen que conmocionó a la opinión pública.