La Fiscalía General de la Nación imputó a Simón Miguel Ackerman Sánchez, exprocurador judicial, y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, por su presunta participación en decisiones que habrían permitido la venta irregular de dos predios ubicados en el corredor vial entre Barranquilla y Puerto Colombia.
Los funcionarios deberán responder por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, según informó el ente acusador.
Acuerdos avalados pese a medidas cautelares
De acuerdo con la investigación, entre 2009 y 2010 los tres procesados habrían avalado un acuerdo que autorizó la comercialización directa de los terrenos conocidos como Cuba y Casablanca, pese a que ambos estaban sometidos a medidas cautelares dentro de procesos de extinción de dominio.
En ese momento, la transacción se realizó por cerca de 3.500 millones de pesos, una cifra sustancialmente menor al valor estimado de los bienes, que superaba los 36.000 millones de pesos.
Detrimento patrimonial y tentativa de apropiación
La Fiscalía señaló que estos hechos habrían favorecido a particulares y ocasionado un detrimento patrimonial aproximado de 20.000 millones de pesos en el caso del predio Casablanca. Para el terreno Cuba, se habría configurado una tentativa de apropiación, dado que el daño no se concretó por completo.
Elementos de prueba señalan conocimiento previo de restricciones
Según los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el exprocurador y los magistrados habrían tenido conocimiento de las restricciones legales que pesaban sobre los predios. No obstante, habrían facilitado la operación de venta aun con esas limitaciones vigentes.
El proceso continúa en etapa de imputación mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad penal de los funcionarios investigados.
