La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos al cantante Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado. La diligencia, programada para el próximo 9 de junio de 2026 en Medellín, incluirá una solicitud de medida de aseguramiento intramuros (cárcel) contra el artista, su mánager Santiago Jaramillo, conocido como “Dímelo Jara”, además de Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.
Según la denuncia que reactivó el caso, los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2022 en una disquera ubicada en el barrio El Poblado de Medellín. Andrés Felipe Sánchez, conocido artísticamente como “Yo me llamo Ozuna” y representante de un imitador de Blessd, aseguró haber sido víctima de una retención ilegal, agresiones físicas, amenazas con arma de fuego y presiones para firmar un contrato que limitaba su actividad profesional.
De acuerdo con el testimonio entregado a la Fiscalía, Sánchez llegó a la reunión de manera cordial, invitado por el mánager del artista. Sin embargo, afirmó que el ambiente cambió cuando le exigieron firmar un documento que le impedía seguir realizando presentaciones relacionadas con la imagen de Blessd.
El denunciante sostuvo que durante el encuentro le advirtieron que debía firmar “ya o lo iban a embalar”. También aseguró que cuando intentó grabar un audio con su celular, Santiago Jaramillo presuntamente lo agredió y le quitó el dispositivo. Además, señaló que otro integrante del equipo habría exhibido un arma de fuego con el propósito de intimidarlo.
Según su versión, permaneció retenido contra su voluntad y solo logró abandonar el lugar con acompañamiento policial.
La denuncia también menciona una llamada telefónica en la que Blessd habría intervenido durante la reunión. De acuerdo con Sánchez, el cantante le manifestó: “Mi niño, yo sé quién es usted… él es de la calle… si estuviera ahí me destrozaría la cara… hágale caso a los de la oficina y firme todo”.
Posteriormente, asegura, recibió un contrato que incluía cláusulas de confidencialidad y renuncia a futuras acciones legales relacionadas con lo ocurrido.
Tras varios interrogatorios y luego de que una tutela ordenara reactivar un proceso que permanecía sin avances desde 2022, la Fiscalía decidió calificar los hechos como secuestro extorsivo agravado, uno de los delitos más graves contemplados en el Código Penal colombiano contra la libertad individual y que puede acarrear severas penas de prisión en caso de una eventual condena.
Por su parte, la defensa del artista rechazó las acusaciones. A través de un comunicado, el bufete Arango-Trespalacios aseguró que Blessd no estuvo presente ni participó en la reunión de junio de 2022, afirmación que, según los abogados, estaría acreditada dentro del proceso.
La defensa sostiene que el conflicto surgió por el uso no autorizado de la imagen del cantante y que inicialmente las partes buscaron resolver la controversia mediante mecanismos de justicia restaurativa. Asimismo, cuestionó el cambio de calificación jurídica realizado por la Fiscalía, que pasó de una posible conducta de constreñimiento ilegal a una imputación por secuestro extorsivo agravado.
Los abogados anunciaron que asistirán a la audiencia y presentarán los elementos probatorios que consideran relevantes para la defensa del artista.
Aunque la presunción de inocencia debe prevalecer durante todo el proceso, el caso ha generado amplio interés debido a la gravedad de las conductas denunciadas, a la decisión de la Fiscalía de solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario y a la reactivación del expediente tras varios años de inactividad judicial.
La audiencia del próximo 9 de junio será determinante para conocer formalmente los cargos que la Fiscalía atribuye a Blessd y a los demás investigados, así como la decisión del juez frente a la solicitud de medida de aseguramiento.
Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo han emitido declaraciones adicionales más allá del comunicado difundido por sus abogados.
Nota: Este artículo se basa exclusivamente en documentos judiciales, denuncias y comunicados emitidos por las partes involucradas. Se respeta el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial en firme.
