La Fiscalía General de la Nación informó la entrega al Fondo para la Reparación a las Víctimas de un predio ubicado en zona rural de Santa Marta, Magdalena, que estaría vinculado al patrimonio de Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, condenados por nexos con antiguos cabecillas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Vicente Castaño Gil.

El inmueble, cuyo avalúo preliminar supera los $17.000 millones, permanecía a nombre de una sociedad creada inicialmente por los hermanos Zúñiga Caballero y, según las investigaciones, tendría relación con las actividades ilícitas que les fueron atribuidas.

De acuerdo con las evidencias recopiladas por la Fiscalía, estructuras paramilitares con presencia en el Chocó habrían intimidado y desplazado forzosamente a comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, así como en otras zonas del Bajo Atrato.

Las investigaciones señalan que, tras el despojo de tierras, empresarios vinculados al caso habrían desarrollado proyectos agroindustriales de palma en los territorios afectados por el conflicto armado.

Por solicitud de la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el predio, permitiendo que el bien pase a integrar el Fondo para la Reparación a las Víctimas.

Con esta decisión, el inmueble será destinado a contribuir en los procesos de reparación integral de las comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado en la región.

La Fiscalía indicó que la información se divulga por razones de interés general.