La Fiscalía General de la Nación realizó una jornada integral en San Pedro de Urabá (Antioquia) para atender, orientar y dar respuestas a la comunidad afectada por el actuar criminal de los
integrantes de la denominada ‘Casa Castaño’ y de otras estructuras de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, investigadores del CTI y personal del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) atendieron a 193 víctimas, practicaron entrevistas y tomaron muestras biológicas con el propósito de avanzar en los procesos de identificación. De acuerdo con los elementos de prueba, San Pedro de Urabá fue escenario de homicidios, desplazamientos forzados, casos de desaparición y de violencia basada de generó, entre otras conductas delictivas perpetradas por los paramilitares en el periodo 1996 – 2002.
Entregas dignas
Durante la jornada se realizaron ceremonias de entrega digna, en las que los familiares de dos víctimas del conflicto armado recibieron los restos de sus seres queridos. Se trata de Pedro Pablo Suárez Barba, un agricultor de 42 años que fue llevado en contra de su voluntad por hombres armados que ingresaron a su vivienda la noche del 18 de mayo de 1994. Esta persona fue localizada en una fosa ubicada en el corregimiento El Tomate, en San Pedro de Urabá.
Lo otros restos correspondían a Jesús María Paternina Páez, un hombre de 48 años que fue interceptado por un grupo paramilitar mientras se dirigía a la vereda Veñitas, en Chigorodó (Antioquia). La estructura ilegal, que pertenecía al denominado Bloque Bananero, lo asesinó y dejó el cuerpo abandonado. Posteriormente, el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector lo recogió y lo inhumó en una predio.
