La entidad señaló que esta medida viola tres principios fundamentales: primero, atenta contra un gobierno constitucional basado en la separación de poderes, al desconocer la función legislativa del Senado; segundo, contradice el principio de democracia representativa, que establece que las decisiones políticas deben pasar por los representantes elegidos por la ciudadanía; y tercero, infringe el principio de legalidad, al no cumplir con los procedimientos legales establecidos para la convocatoria de consultas populares.
Según la Fundación, el respeto a estos principios es esencial para garantizar el equilibrio entre las ramas del poder público y preservar la legitimidad de las instituciones colombianas.
Adicionalmente, la organización alertó sobre los riesgos que implica que el Ejecutivo adelante mecanismos de participación ciudadana sin seguir los cauces legales, lo que podría generar precedentes que debiliten el Estado de derecho y la confianza en la democracia colombiana.
El pronunciamiento surge en medio del anuncio del presidente, Gustavo Petro, quien denunció un plan para asesinarlo atribuido a una “junta del narcotráfico” que busca mantener control sobre las instituciones colombianas y anunció que firmará el decreto para convocar una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas laboral y pensional.
Durante una alocución desde la Casa de Nariño, Petro aseguró que ha sido blanco de múltiples intentos de asesinato, señaló la existencia de armas de guerra y francotiradores cerca de la sede presidencial y afirmó que la organización criminal detrás de estos planes opera desde Dubái con integrantes de diversas nacionalidades.
El mandatario criticó la aprobación en el Congreso de lo que calificó como “neo esclavismo” en la contratación laboral por horas y defendió la reforma pensional respaldada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Insistió en que la consulta popular es necesaria porque considera que el Congreso ha bloqueado estas reformas.
Petro solicitó a la Corte Constitucional que avale la consulta y reiteró que el pueblo es “el único dueño del poder en Colombia”. Además, anunció auditorías para verificar el destino de recursos destinados a la contratación de docentes en áreas como arte e inteligencia artificial y denunció intentos de extorsión a un contrabandista para obtener información sobre vínculos políticos.
