El Ministerio de Justicia entregó el balance de su gestión entre 2022 y 2026, resaltando resultados en acceso a la justicia, lucha contra el crimen organizado, política de drogas, humanización del sistema penitenciario y atención a víctimas del conflicto.
El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó el balance de su gestión durante el periodo 2022-2026, en el que destacó una serie de reformas y programas encaminados a ampliar el acceso a la justicia, fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado y desarrollar nuevas políticas en materia de derechos humanos, sistema penitenciario y atención a las víctimas.
Uno de los principales resultados, según la cartera, fue la implementación de la estrategia «Justicia para la Gente», con la que se realizaron más de 4,5 millones de gestiones a través de las Casas de Justicia y los Centros de Convivencia Ciudadana, lo que representa un incremento del 60 % frente al cuatrienio anterior.
De acuerdo con el Ministerio, las jornadas móviles de atención permitieron brindar orientación jurídica a miles de ciudadanos, especialmente en zonas apartadas del país. Además, se reportó la atención de 5.060 personas mediante ferias de servicios y 17.856 beneficiarios en jornadas nacionales de conciliación.
La entidad también informó que fortaleció las Comisarías Protectoras en nueve departamentos, articulando el trabajo entre comisarios de familia y autoridades indígenas para promover mecanismos de resolución pacífica de conflictos y fortalecer la convivencia en los territorios.
Otro de los puntos destacados corresponde a la cooperación judicial internacional. El Ministerio aseguró que durante el cuatrienio se realizaron 913 extradiciones hacia 31 países, de las cuales más de 560 tuvieron como destino Estados Unidos, cifra que, según la entidad, constituye el mayor registro de los últimos años. Las extradiciones estuvieron relacionadas con investigaciones por narcotráfico, lavado de activos, secuestro, homicidio, abuso sexual de menores y otros delitos transnacionales.
En materia de política antidrogas, la cartera resaltó la formulación de una nueva Política Nacional de Drogas, orientada a combinar acciones contra las economías ilegales con programas de desarrollo para las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos.
Dentro de esa estrategia, el programa «Sembrando Vidas Desterramos el Narcotráfico» recibió una inversión superior a $52.000 millones, con la que, según el Gobierno, se han beneficiado más de 200.000 personas mediante proyectos productivos y procesos de transformación social.
El balance también incluye avances en materia de justicia restaurativa y humanización del sistema penitenciario. El Ministerio destacó la implementación de la Ley de Utilidad Pública, que permitió a más de 270 mujeres condenadas por delitos menores, relacionados principalmente con estupefacientes y hurto, cumplir sanciones mediante trabajo comunitario sin ser separadas de sus familias, beneficiando indirectamente a cerca de 800 personas.
Asimismo, el Gobierno resaltó la entrada en vigor de la Jurisdicción Agraria, incorporada a la Constitución mediante la Ley Estatutaria 2570 de 2026, con el propósito de ofrecer jueces especializados para resolver conflictos sobre la tierra y garantizar el acceso a la justicia para más de 2,3 millones de habitantes rurales.
En cuanto a las víctimas del conflicto armado, el Ministerio destacó la expedición del Decreto 0063 de Mujeres Buscadoras, dirigido a fortalecer el reconocimiento y acompañamiento de las mujeres que lideran la búsqueda de familiares desaparecidos.
La cartera también informó que entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) siete proyectos restaurativos construidos con participación de las víctimas y anunció la creación, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de una bolsa de recursos por $2.500 millones para financiar futuras iniciativas de reparación.
En el sistema penitenciario, el Gobierno destacó la aprobación del CONPES 4156 de 2025, mediante el cual se proyectó una inversión de $4,4 billones para atender el hacinamiento carcelario y fortalecer la infraestructura penitenciaria durante los próximos años.
Finalmente, el Ministerio señaló que avanzó en la implementación de políticas con enfoque diferencial, entre ellas el decreto para el reconocimiento de identidades de género no binarias, programas de prevención de violencias basadas en género, protocolos para la valoración del riesgo de feminicidio y herramientas para garantizar el acceso a la justicia de personas con discapacidad.
Como parte del balance, la cartera indicó que deja estructuradas las bases de una futura reforma a la justicia y una hoja de ruta para actualizar el Plan Decenal del Sistema de Justicia con horizonte al año 2038.
Con información del Ministerio de Justicia y del Derecho.
