La definición del salario mínimo en Colombia marca cada fin de año un debate crucial entre el Gobierno, los gremios empresariales y los sindicatos. Este 2025 no será la excepción. En las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de impulsar un aumento considerable para el próximo año, con el propósito de “compensar los derechos de los trabajadores que devengan el salario mínimo, uno de los sectores más amplios y vulnerables de la población laboral”. Sin embargo, los sectores empresariales advierten que un ajuste elevado podría traducirse en mayores presiones inflacionarias y afectar la competitividad de las empresas, en especial las pequeñas y medianas.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aclaró que aún no se ha definido ningún porcentaje de incremento y que cualquier decisión deberá tomarse en el marco de la mesa de concertación, la cual será instalada el 1 de diciembre, según lo dispone la Ley 278 de 1996. Esta norma establece que la negociación del salario mínimo debe realizarse de manera tripartita, con la participación del Gobierno Nacional, los representantes de los empleadores y las centrales obreras. Sanguino también recordó que, aunque los diálogos preliminares comenzaron en noviembre, el proceso formal se desarrollará durante las primeras semanas de diciembre con el propósito de lograr un acuerdo concertado antes de finalizar el año.

El debate llega en un contexto económico complejo. Según analistas financieros, el país enfrenta una desaceleración moderada del crecimiento, acompañada de una inflación controlada pero persistente en productos de la canasta básica. Estos factores hacen que el ajuste al salario mínimo se convierta en un asunto delicado: un aumento elevado podría mejorar el consumo interno a corto plazo, pero también encarecer los costos laborales y reducir la capacidad de contratación en sectores sensibles como el comercio, la manufactura y los servicios.


¿Qué dicen las centrales obreras?

Por su parte, las centrales obreras han expresado que la prioridad debe ser proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, teniendo en cuenta el aumento del costo de vida y la pérdida de capacidad de compra durante los últimos años. En contraste, los gremios empresariales, representados por entidades como la ANDI y Fenalco, sostienen que el incremento debe ser responsable y estar alineado con los indicadores de inflación y productividad, para no afectar la estabilidad económica ni la generación de empleo formal.

En medio de las diferencias, el Gobierno insiste en mantener un diálogo abierto y transparente que permita alcanzar un consenso antes de que termine diciembre. Si no se logra un acuerdo en la mesa de concertación, la decisión final recaerá sobre el Ejecutivo, como lo establece la ley. Mientras tanto, millones de trabajadores y empresarios esperan conocer cuál será el porcentaje de aumento que marcará el rumbo del salario mínimo en Colombia para 2026, un tema que, más allá de lo económico, tendrá un fuerte impacto en la equidad social y la reactivación del país.