Desde hace seis días, las talanqueras del peaje de Puerto Triunfo permanecen levantadas como parte de una protesta liderada por transportadores que recorren la autopista Medellín–Bogotá, una de las principales arterias viales del país. Los manifestantes denuncian el grave deterioro de la vía, que ha ocasionado múltiples accidentes y daños constantes a sus vehículos.
El mal estado de la carretera no es nuevo: según reportes locales, se han identificado más de 1.000 huecos a lo largo del corredor vial, y los hospitales de los municipios por donde pasa la autopista han atendido a más de 2.500 personas por accidentes relacionados con la vía. A esta protesta se unieron varios alcaldes municipales, respaldando el llamado urgente al Instituto Nacional de Vías (Invías) para una intervención inmediata.
La presión surtió efecto. En el corregimiento de Doradal se llevó a cabo una reunión entre los líderes del paro y directivos del Invías Nacional, quienes se comprometieron a ejecutar de inmediato una operación «tapahuecos» como medida provisional. Además, anunciaron que ya están en curso los trámites para adjudicar los recursos necesarios que permitan contratar obras de recuperación en los puntos más críticos de la autopista.
Pero las protestas no se limitan al estado de la vía. Trabajadores de empresas contratistas que han prestado servicios al Invías también alzaron su voz, reclamando el pago de salarios atrasados por parte de las firmas a cargo de los proyectos viales.
Mientras avanzan los compromisos, los transportadores aseguran que mantendrán su vigilancia y no descartan nuevas acciones si no se evidencian avances reales en los próximos días.
