La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su compromiso con la austeridad y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, pero pidió preservar la asignación presupuestal contemplada por el Gobierno para el funcionamiento de la entidad durante 2027.
De acuerdo con la JEP, el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Nacional contempla una asignación de $821.803 millones para la Jurisdicción, monto que fue analizado y avalado por el equipo técnico del Ministerio de Hacienda.
La entidad señaló que esta cifra ya representa una diferencia de $125.839 millones frente al presupuesto solicitado originalmente por la JEP. Tras realizar ejercicios de revisión y ajuste para reducir esa brecha, la Jurisdicción asegura que persiste una desfinanciación de $84.633 millones, situación que, según explicó, ya implica restricciones en el gasto.
JEP advierte sobre impacto en víctimas y comparecientes
La Jurisdicción sostuvo que una reducción adicional de $170.000 millones afectaría de manera significativa su capacidad para desarrollar las actuaciones judiciales previstas y garantizar los derechos de las personas involucradas en los procesos.
Entre las actividades que podrían verse comprometidas están la realización de audiencias en los territorios, la representación judicial de las víctimas, la protección de testigos e intervinientes y la defensa de los comparecientes.
Según las cifras entregadas por la JEP, una eventual desfinanciación podría afectar la atención de los derechos de 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, que representan aproximadamente 634.804 personas acreditadas ante la Jurisdicción.
También estaría en riesgo, de acuerdo con la entidad, la garantía del debido proceso y la seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las antiguas Farc-EP y 4.736 integrantes de la Fuerza Pública.
La JEP recordó además que, en 2025, el Ministerio de Hacienda señaló que la Jurisdicción se encontraba entre las entidades públicas del sector justicia con un alto nivel de ejecución del presupuesto asignado.
En materia de austeridad, la entidad indicó que entre 2024 y julio de 2026 implementó medidas administrativas que generaron un ahorro de $21.575 millones.
La discusión presupuestal se produce mientras la JEP atraviesa una etapa de alta actividad judicial, relacionada con el cierre de los macrocasos, el avance de los juicios y la implementación de las denominadas Sanciones Propias, dentro del proceso de justicia transicional.
La Jurisdicción también aclaró que no ha planteado ampliar ni prorrogar su periodo de vigencia inicial. Este fue establecido en el artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 2017 y, de acuerdo con la JEP, se extiende por 15 años, hasta 2033, disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-674 de 2017.
Con este panorama, la JEP pidió que durante el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 se preserve la asignación de $821.803 millones contemplada en el proyecto presentado por el Gobierno, al considerar que una reducción adicional podría limitar su capacidad para cumplir las funciones judiciales que tiene a su cargo.
