El histórico juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien la Fiscalía acusa de liderar una organización criminal armada para intentar subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, en las que ganó el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y dar un golpe de Estado para permanecer en el poder, ha arrancado este martes entre fuertes medidas de seguridad y con la ausencia de su principal acusado.

«La función del Supremo Tribunal Federal es juzgar con imparcialidad y aplicar justicia en cada caso específico, sin importar amenazas ni coerción, ignorando presiones internas o externas», subrayó el juez Alexandre de Moraes en la audiencia de apertura, que se prolongará hasta el 12 de septiembre.

En este sentido, afirmó que la impunidad «deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia». «La pacificación del país depende del respeto a la Constitución, de la aplicación de las leyes y del fortalecimiento de las instituciones», añadió.

Por su parte, el fiscal general Paulo Gonet advirtió que no castigar los intentos de romper con el orden constitucional en Brasil «intensificará los impulsos autoritarios y pone en peligro un modo de vida civilizado».

Las autoridades reforzaron la seguridad en la sede del Tribunal Supremo durante el juicio contra Bolsonaro, quien no asistió a la primera audiencia por recomendación médica debido a su delicado estado de salud tras el ataque con arma blanca en 2018.

El caso del golpe de Estado

Miles de simpatizantes de Bolsonaro, insatisfechos con la victoria de Lula da Silva, irrumpieron el 8 de enero de 2023 en la plaza de los Tres Poderes en Brasilia, al estilo del asalto al Capitolio de EE. UU. Los disturbios causaron pérdidas por más de 20 millones de reales brasileños.

La acusación se remonta a investigaciones por falsificación de cartillas de vacunación de COVID-19 que salpicaron a Bolsonaro y en las que se hallaron los primeros indicios del complot. El fiscal general presentó en febrero un informe de 272 páginas, en el que señaló que el expresidente impulsó el plan «Puñal Verde y Amarillo» para impedir la posesión de Lula y atacar las instituciones democráticas.

El plan golpista, revelado en gran parte por su exayudante Mauro Cid, incluía incluso el asesinato de autoridades como el vicepresidente Geraldo Alckmin, el juez De Moraes y hasta un intento de envenenamiento contra Lula.

Además, Bolsonaro habría participado en la redacción de un decreto golpista que fue discutido con altos mandos militares y cuyo borrador apareció en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres.

Los delitos por los que se le acusa

Bolsonaro y otros implicados enfrentan cargos por:

  • Abolición violenta del Estado democrático de Derecho e intento de golpe de Estado (penas de 3 a 12 años).

  • Participación en organización criminal armada (3 a 8 años).

  • Daños a la propiedad pública (6 meses a 3 años).

  • Deterioro del patrimonio (1 a 3 años).

En caso de ser declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentar más de 40 años de prisión e inhabilitación política indefinida. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario con tobillera electrónica.

El exmandatario denuncia una «caza de brujas» y recibe apoyo de líderes como Donald Trump y Javier Milei, quienes respaldan su discurso de persecución política.

Entre los acusados también figuran el exministro de Defensa Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres, el exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Garnier, el exjefe de Seguridad Augusto Heleno y el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira.

Foto y noticia: Colprensa