A pocos días de hacer la entrega de su cargo como alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fue suspendido cuatro meses por la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en contratación. Esta investigación está relacionada con el convenio firmado entre la administración y CorfeCali para la realización de la Feria de Cali virtual del año.

Según los detalles que brindó la procuraduría, este fallo en primera instancia se presenta por un aparente convenio que considera irregular por $11.955′020.000 para el certamen ferial en su edición 63.

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De acuerdo con el organismo de control, el mandatario pudo incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación.

“En el fallo de primera instancia, la Procuraduría comprobó omisiones de los disciplinados, al suscribir los estudios previos sin evaluar ni justificar la cuantía del bilateral”, señaló el órgano de control.

A su vez, el Ministerio Público sancionó con destitución e inhabilidad por 9 años a José Darwin Lenis, quien a la fecha ocupaba el cargo de secretario de Cultura de la ciudad y quien actualmente está al frente de la cartera de Educación.

Reacción de Jorge Iván Ospina

A través de su cuenta de X, Ospina sostuvo que hay premeditación e idea de daño reputacional detrás de este fallo que se filtra a cinco días de finalizar su administración y en el día en que inició la Feria de Cali 2023.

“Vaya que bellezas, quienes pretenden dañar el futuro y amargar nuestro diciembre. Hoy 25 día festivo, inicio de Feria, presentan desde la Procuraduría una presunta sanción no conocemos el sentido del fallo, pero sin duda hay odio y saña al filtrar un panfleto hoy”, dijo.

Ospina aseguró preparará su defensa: «pero las instituciones por encima de sus hombres y mujeres, de tal manera que con las pruebas, con acompañamiento internacional y con la frente en alto, nos notificaremos para adelantar argumentada defensa. Siempre la importancia de responder en el marco de la ley».

La falta cometida por el mandatario fue calificada como grave por omitir la vigilancia que debió ejercer. Según la Procuraduría, tenía la posibilidad de pedir explicaciones para encauzar el actuar de sus subalternos hacia la consecución de los fines de la administración municipal.