La sentencia condenatoria contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es un hecho
histórico. Es una prueba de solidez institucional y del funcionamiento de la división de poderes.
Pero es, sobre todo, la administración de la justicia basada en el derecho y la verdad, por
encima de los privilegios del poder que han servido a algunos para beneficiarse de la impunidad.

La afirmación de la jueza Sandra Liliana Heredia, según la cual “La justicia no se arrodilla ante el
poder”, tiene en su sentencia contra el exmandatario cabal cumplimiento. También de que “la justicia no ve nombres, ni cargos, ni estaturas”.

Uribe y sus amigos se han dedicado a infundir la narrativa de que el fallo está a la medida de
intereses políticos. Omiten reconocer que se sustenta en pruebas consolidadas, aportadas por
quienes fueron actores presenciales y presionados a dar versiones falsas a cambio de
algún beneficio personal ofrecido por el abogado Diego Cadena con la aprobación del expresidente.

Hay que reconocerle a la jueza Sandra Liliana Heredia que ese proceso judicial manejado por
ella representa una lección de la mayor importancia para la nación. De dignidad y de
verdad. Es superar las turbideces del llamado “Cartel de la toga”.

La justicia colombiana no ha estado exenta del manejo clasista. Y esa fractura ha generado la
percepción de que las sanciones apenas se aplican “a los de ruana”, es decir, a los más
vulnerables, mientras a los poderosos se les perdonan sus faltas por graves que sean.

El círculo de adictos a Uribe que descalifica el fallo y agravia con sus desmedidas versiones a la
jueza que lo profirió actúa bajo el resentimiento de no ser la cabeza del poder en el país. Y en
vez de argumentar con la verdad se aferran a predicar contra el presidente Petro, pasando por
alto que fue el propio Uribe quien aportó los insumos para la investigación, al denunciar al
senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por un supuesto tráfico para conseguir
testigos en contra del hoy condenado mandatario. La Corte no encontró nada que comprometiera a Cepeda y en cambio le abrió investigación a Uribe, hasta llegar a la sentencia condenatoria.

Y no se trata del caso más grave de los que se le han imputado a Uribe por sus acciones de
gobierno. Ha pasado de agache con las ejecuciones extrajudiciales de colombianos marcados como guerrilleros y presentados como dados de baja en combate cuando la verdad es que fueron reclutados para el exterminio a fin de mostrar resultados contra la subversión alzada en armas. ¿Y las masacres? También está la complicidad con el paramilitarismo y violaciones a los derechos humanos.

Hay mucho de negativo en la carrera pública de Álvaro Uribe Vélez. Él tiene buena parte de
responsabilidad en los males que se han acumulado en Colombia. Sus ocho años de gobierno no ofrecen resultados que lo consagren como gran estadista. Los problemas que se padecen ponen en evidencia su gestión sin buenos resultados. Lo que hizo fue frágil y hasta devastador.

En todo caso, el fallo contra Uribe es una lección de justicia que debe asimilarse para bien de
Colombia.

Puntada

Es el colmo que congresistas colombianos se alíen con gobiernos y fuerzas políticas del
exterior en contra de la nación. Merecen el rechazo popular.

Foto y columna: Colprensa