La razón de la existencia de los colegios privados en el país, y en el mundo, es abrir un espacio en la formación del individuo, para todo aquél que está con condiciones de pagar para que se le brinde un programa de formación de acuerdo con sus expectativas.
Esta situación permite asegurar un equilibrio con la oferta de la educación pública, que no está en condiciones de atender toda la demanda y por esta razón puede aprovechar los cupos disponibles entre las personas más necesitadas, es decir, todas aquellas que no cuentan con recursos para acudir a pagar un programa específico en un colegio privado.
Esta situación ha permitido al Estado atender una política pública de formación educativa, dentro de las limitaciones presupuestales que siempre ha manejado, utilizando los recursos disponibles en los apretados presupuestos, en los sectores más necesitados.
A su vez, los colegios privados han logrado desarrollar una infraestructura bastante apreciable, que les ha permitido responder a sus compromisos en materia de educación, con unos logros significativos, que se pueden observar en las mediciones que anualmente hace el propio ministerio, en las que hemos apreciado que, en muchos factores, los colegios privados son los que más logros tienen, lo que los lleva a presentar un mejor desempeño en la labor educativa, frente a los colegios oficiales.
Por esta razón sorprende que, en los últimos 18 meses, se hayan cerrado 700 colegios privados en el país; entre ellos uno que ocupaba con bastante frecuencia el primer puesto en la calificación a nivel nacional, La Quinta del Puente de Bucaramanga; sin duda una cifra monumental que es necesario analizar en cuanto al alcance de su impacto.
Algo grave está pasando y no se ha identificado con claridad, mientras esa lamentable racha continúa.
Siendo la educación un factor fundamental para cualquier sociedad, es necesario que las autoridades respectivas dediquen tiempo para analizar el alcance de estas cifras, y por lo menos establecer qué está pasando con todos esos alumnos que han tenido que contemplar en cierre de los establecimientos educativos en donde estudiaban.
El deber del Estado es velar por un equilibrio en la prestación de los servicios y estar en capacidad de ofrecer una ayuda a los sectores que entran en condición de debilidad y de riesgo de aniquilamiento, para poder generar instrumentos que puedan contribuir a que la crisis no concluya, por inercia, en este caso, con el cierre de los colegios, en donde además hay que añadir el impacto el desempleo del sector, pues profesores y personal administrativo quedarán automáticamente en la calle, y ya podemos deducir el tamaño de la crisis, cuando ya ha abarcado a 700 colegios con el cierre definitivo de sus puertas.
Foto y noticia: Colprensa
