Al menos 32 mil personas de 153 comunidades, de las cuales 127 son indígenas y 26 afrodescendientes, son las más afectadas por el llamado a paro armado hecho en la víspera por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Así lo precisó la Defensoría del Pueblo, al dar cuenta de la determinación hecha por esa organización que lanzó un paro armado a la altura del río Baudó y que irá hasta el 5 de mayo, lo que ha generado una crisis humanitaria.
«También podrán verse perjudicados niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores de las comunidades que habitan en los márgenes del río Baudó y sus afluentes», advirtió la Defensoría.
En ese sentido hizo un llamado para que haya una «coordinación interinstitucional» efectiva que realice «acciones urgentes» que atiendan las necesidad de la población afectada y les otorgue seguridad.
El ELN argumentó como razones del decretar el paro armado la presencia de supuestos paramilitares en la zona, mientras que el Ejército sostuvo que se trata de «una acción criminal para asegurar rutas del narcotráfico por el río al Pacífico. Nada tiene que ver con una causa social o política: es constreñimiento armado a civiles».
Las fuerzas militares desplegaron en el Chocó cerca de 4 mil hombres, en un intento por transmitir seguridad en la región.
Foto y noticia: Colprensa
