Por  Luis Gustavo Moreno

 

Los más abominables crímenes de nuestra historia han quedado sepultados, tras interminables cadenas de encubrimiento que la justicia no ha podido resolver, pues han participado las más altas esferas del poder.  El derecho penal no es ajeno a esta situación muchos políticos populistas y lamentablemente algunos doctrinantes creen que la solución es endurecer las penas y NO permitir ningún mecanismo de cooperación que permita una disminución significativa de las sanciones.

Pese a que hoy muchos se oponen a ampliar los alcances de la JEP, modificaciones a la ley 975 de 2005, la promulgación de más leyes que permitan una paz total, estas acciones son sin duda necesaria. Es esencial que la administración de justicia recorra el camino en búsqueda de la verdad, la justicia y reparación como son los existentes procesos de paz, en la justicia ordinaria los procesos de cooperación, el principio de oportunidad como herramientas fuertes para el cumplimiento de estos propósitos.

“El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla” pero muchos le temen a esa búsqueda de la verdad. Setenta años de guerra y violencia generan una cantidad grande de desafíos como lo son los intentos fallidos de los diferentes procesos de paz; a manera de ejemplo la ley de justicia y paz con las AUC dejó descubierta parte de la clase política paramilitar y criminal. Un gran logro para el país y sus víctimas. Debo resaltar, que lo anterior  NO es suficiente, recordemos que en los primeros dos años se desmovilizaron 23 grupos en los cuales participaban cerca de 14.000 personas. No obstante, algunas facciones no adscritas al proceso de desmovilización han formado lo que hoy se conoce como las BACRIM o bandas criminales, verdad que aún falta por reconstruir.La necesidad de la verdad como garantía de no repetición debe ser realizable.  La verdad no surge de manera espontánea.

En los juicios de carácter judicial existen oscuros intereses para que las responsabilidades y sanciones no lleguen a los máximos responsables, así como a los poderes públicos. En la actualidad, el juez, es el que se pronuncia en el fallo declarando: “fuiste tu”, pero estos fallos son pírricos, dada las lamentables investigaciones de la fiscalía general de la Nación que están aún muy lejos frente a las realidades criminales en el entorno del conflicto armado colombiano.

Veamos en términos prácticos y a manera de ejemplo que es más importante explorar rutas de reconciliación para que paremos el conflicto armado y así judicializar a todos sus actores; es decir un concepto de justicia razonable, pragmático y que escriba la verdad de lo vivido a cambio beneficios judiciales. Si en el pasado alguien hubiese tenido la posibilidad de tomar café con Adolfo Hitler para salvar un millón de judíos, algunos sin duda lo hubieran hecho, aunque después le gritaran “nazi”; pero se hubiese salvado un millón de vidas.

Lo mejor que se puede hacer para la prevención de futuros delitos, es asegurarnos que todos los que cometen delitos sean realmente procesados, la mayoría de los crímenes quedan sin judicializar y nunca o casi nunca se llega a los máximos responsables. El endurecimiento de las penas NO garantiza nada, ello no nos lleva ni a la verdad ni a sentencias condenatorias.

Si una persona cree que hay un 1% de probabilidad de que le impongan una pena de 99 años, como hoy ocurre en Colombia.  En realidad, se convence que los beneficios de delinquir son muchos, porque no lo van a capturar ni a condenar.

Por otro lado, si una persona sabe que hay un 90 % de probabilidad de que le impongan una pena de 5 años, debe reparar a sus víctimas, la pena esperada es de 5 años, una condena segura, es muy probable que busque su sometimiento.  Dicho en otras palabras, en el primer caso, cuando la pena consagrada es de 99 años y probabilidad de 1% de judicialización, la persona tiene un incentivo adicional su impunidad, caso contrario cuando existe una posibilidad de 90% de condena lo que se lograría con las leyes de sometimiento o cooperación.

En vez de procurar endurecer las penas y no permitir leyes de cooperación en búsqueda de la verdad y judicialización de todos sectores, deberíamos propender por modificaciones para la aplicación pragmática del principio de oportunidad y en el caso puntal del conflicto permitir que los que no han sido cobijados con este tipo de leyes se les permita hablar pese a las rebajas significativas de penas a cambio de la verdad.

La historia de Colombia “en los últimos sesenta años ha estado marcada por el conflicto armado. La desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia”.

Le debemos más al país en esfuerzos legislativos para que sigamos construyendo la paz y para que los que quedaron por fuera de la ley de justicia y paz ingresen a la JEP, leyes de sometimientos o paz total.

Permitir que la cooperación sea fortalecida, No existe una fórmula matemática para salvar vidas, por ello nos toca intentar con lo que tenemos con premisas centrales como la verdad y la reconciliación entre la víctimas y victimarios.

Lo más importante no es la sanción, lo primero que necesitamos saber es ¿qué pasó? Y ¿cómo pasó?, no podemos construir una nueva sociedad sobre la impunidad y la mentira de los máximos responsables identificando las causas de la violencia y los sectores que se benefician de ella incluyendo los sectores del poder público y privado.

 

https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores

 

 

 

 

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