Esta decisión fue tomada por la Fiscalía General de la Nación, quien dio a conocer la imputación de cargos a tres exdirectivos de EPM, dada la emergencia de Hidroituango donde, según se pudo establecer en la investigación, se evidenció que el desvío del río Cauca, por fuera de lo diseñado y licenciado, ocasionó sobrecostos en el proyecto.

Durante de la audiencia la Fiscalía expuso material probatorio obtenido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y su equipo de investigativo, lo cual permitió la imputación de tres personas implicadas en presuntas irregularidades en la contratación de un tercer túnel o galería auxiliar como parte de las obras de desviación del río Cauca dentro del proyecto de Hidroituango.

De esta manera, la imputación fue dirigida hacia: el jefe del área de proyectos de EPM, Luis Javier Vélez Duque,  como a Wilson Chinchilla Herrera, exvicepresidente ejecutivo de proyectos e ingeniería y Álvaro León Ospina Montoya, que era encargado de la dirección desarrollo proyecto Ituango, los cuales desde los cargos que ocupaban en Empresas Públicas de Medellín en 2018, participaron en el trámite y celebración de contratos para la implementación y contratación de obras para la desviación del río Cauca por fuera de lo diseñado y licenciado.

Según la investigación, en la obra que se construye en el norte de Antioquia se presentaron retrasos relacionados con la entrada en operación de la primera unidad generadora de energía, que se atribuye a falta de planeación en la construcción de las obras de desviación del proyecto, las cuales en el diseño inicial estuvo previsto, a través de dos túneles para la desviación del Río Cauca, obras a cargo del consorcio CTIFS.

Tales retrasos, entre otras irregularidades, dieron lugar a la contratación de lo que llamaron Sistema Auxiliar de Desviación del Río Cauca y sus obras anexas que comprendían la construcción de un tercer túnel o galería auxiliar, además de la terminación de otras obras que pasaron al Consorcio CCC Ituango.

De esta manera la  conducta de los exfuncionarios generaron sobrecostos en cuantía, que a junio de 2021 ascendía a una suma cercana a los 400.000 millones de pesos.

Por últomo acbe resaltar que la Fiscalía les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.