Un contrato del Senado de la República para recibir asesoría en asuntos tributarios quedó bajo escrutinio luego de conocerse que la firma contratista, Velásquez Osorio Abogados S.A.S., estaría presuntamente vinculada societariamente con Andrés Felipe Velásquez, quien, según la información difundida, asumió recientemente como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La situación ha generado cuestionamientos sobre un eventual conflicto de interés, debido a que el objeto del contrato está relacionado con asuntos tributarios y algunas de las actividades contratadas tendrían como contraparte a la propia DIAN.

No obstante, con la información disponible públicamente no es posible afirmar que exista un conflicto de interés legalmente establecido, una actuación irregular o un favorecimiento indebido. Estos aspectos tendrían que ser determinados por las autoridades competentes a partir de los documentos contractuales, las declaraciones de impedimentos y recusaciones y las funciones que efectivamente desempeñe cada involucrado.

Un contrato de más de $1.600 millones

Los documentos oficiales publicados por el Senado permiten confirmar la existencia de un contrato entre la corporación y Velásquez Osorio Abogados S.A.S., identificada con NIT 901497828.

El contrato corresponde al No. 2009 de 2025, suscrito el 1 de diciembre de 2025, y tiene como objeto la prestación de servicios relacionados con derecho tributario y penal para la División Financiera y de Presupuesto del Senado.

En los registros presupuestales de la corporación aparece inicialmente un valor de $1.177.071.000 y una fecha de finalización del 30 de mayo de 2026. Posteriormente, el registro presupuestal muestra modificaciones al contrato.

El nombre de Velásquez Osorio Abogados también aparece en los documentos oficiales de contratación del Senado correspondientes a 2025, donde figura como contratista de la corporación.

¿Qué relación tendría el contrato con la DIAN?

El punto que genera mayor interés está relacionado con las actividades desarrolladas dentro del contrato.

Según los documentos y señalamientos que dieron origen a la controversia, la firma habría prestado servicios relacionados con asuntos tributarios del Senado que podían involucrar trámites, requerimientos y actuaciones ante la DIAN.

Entre las labores mencionadas se encuentran asuntos relacionados con impuesto de renta, retención en la fuente y respuestas a requerimientos de la administración tributaria.

De confirmarse que esas actividades fueron desarrolladas efectivamente ante la DIAN mientras Andrés Felipe Velásquez ejerce como director de la entidad, surgiría una pregunta central: ¿qué mecanismos de separación, impedimento o sustitución se aplicaron para evitar cualquier posible conflicto entre las actividades privadas de la firma y las Borrar la caché y minimizar CSS/JSfunciones públicas del nuevo director?

La sola existencia de un contrato entre el Senado y una firma privada no permite concluir que haya una irregularidad.

El cambio de representante legal

Otro de los elementos señalados en la información que circula sobre el caso es un cambio en la representación legal de Velásquez Osorio Abogados.

Según la denuncia pública, el cambio se habría producido el 27 de julio de 2026, antes de la llegada de Andrés Felipe Velásquez a la dirección de la DIAN.

Quienes cuestionan la situación sostienen que, aunque se habría producido el cambio formal de representante legal, Velásquez y su esposa, Jensy Osorio, continuarían vinculados a la sociedad.

Ese aspecto también requiere ser contrastado con los certificados de Cámara de Comercio, los estatutos de la sociedad y los documentos que acrediten quiénes son actualmente sus socios, administradores y beneficiarios reales.

La información tributaria, otro punto de preocupación

Los cuestionamientos también se concentran en el tipo de información a la que tendría acceso la firma en desarrollo del contrato.

De acuerdo con los señalamientos publicados, dentro de las actividades realizadas para el Senado habría estado la revisión de información relacionada con retenciones en la fuente de congresistas, funcionarios de planta y miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).

De ser así, se trataría de información de naturaleza tributaria cuya administración exige especial cuidado.

Sin embargo, es importante precisar que no se ha establecido públicamente que Andrés Felipe Velásquez haya utilizado información obtenida por la firma para beneficio propio o de terceros, ni que haya intervenido desde la DIAN en asuntos relacionados con el contrato del Senado.

Una eventual responsabilidad en ese sentido tendría que demostrarse mediante evidencia documental y no puede derivarse únicamente de la coincidencia entre la actividad profesional de la firma y el nuevo cargo público de Velásquez.

¿Cuándo comenzó el contrato?

El contrato entre el Senado y Velásquez Osorio Abogados comenzó el 1 de diciembre de 2025, meses antes de la llegada de Andrés Felipe Velásquez a la dirección de la DIAN.

Esto resulta relevante para establecer el contexto temporal de la controversia.

Los registros oficiales del Senado consultados muestran que el contrato estaba vigente durante 2026 y que la firma aparecía como contratista para asuntos de derecho tributario y penal de la División Financiera y de Presupuesto.

Por tanto, el asunto que ahora genera interrogantes no sería el origen del contrato, sino la eventual coexistencia entre ese vínculo contractual y el posterior ejercicio de un cargo público con autoridad sobre la administración tributaria del país.

Un asunto que requiere explicaciones

La situación plantea varias preguntas que deberían ser respondidas con documentos oficiales:

  • ¿Cuál es actualmente la participación societaria de Andrés Felipe Velásquez en Velásquez Osorio Abogados?
  • ¿Cuál es la participación de Jensy Osorio y qué funciones cumple dentro de la sociedad?
  • ¿Quién representa actualmente legalmente a la firma?
  • ¿Cuál fue exactamente el valor final y el plazo del contrato con el Senado?
  • ¿El contrato fue prorrogado o adicionado después del 31 de julio de 2026?
  • ¿Qué actuaciones ante la DIAN realizó la firma durante la ejecución del contrato?
  • ¿Qué medidas adoptó Velásquez al asumir la dirección de la DIAN frente a sus antiguos negocios y actividades profesionales?
  • ¿Existe algún impedimento, conflicto declarado o mecanismo formal de separación respecto de los asuntos relacionados con el Senado?

Responder estas preguntas permitiría determinar si existe simplemente una coincidencia entre una contratación previa y el nuevo cargo público o si, por el contrario, hay circunstancias que ameriten la intervención de los organismos de control.

Lo que sí está documentado

La documentación oficial consultada permite establecer que Velásquez Osorio Abogados S.A.S. tiene un contrato con el Senado para servicios relacionados con derecho tributario y penal, con un valor inicial de $1.177 millones, y que el contrato aparece registrado en la ejecución presupuestal de la corporación durante 2026.

Lo que todavía debe establecerse es si la situación descrita configura jurídicamente un conflicto de interés y si existieron actuaciones del nuevo director de la DIAN que pudieran comprometer sus deberes como servidor público.

Por ahora, no existe base suficiente para afirmar que Andrés Felipe Velásquez haya utilizado su cargo para favorecer al Senado, a su empresa o a terceros. El caso, sin embargo, plantea interrogantes sobre la gestión de sus intereses privados y sobre las medidas adoptadas para garantizar que su actividad empresarial previa no interfiera con las funciones que ahora desempeña al frente de la administración tributaria.

La respuesta a esas preguntas será clave para determinar si se trata de una controversia política y ética o si existen elementos que puedan tener consecuencias administrativas, disciplinarias o de otra naturaleza.