Una nueva controversia política se abrió en el Valle del Cauca tras conocerse señalamientos sobre la presunta permanencia de cuotas burocráticas cercanas a la gobernadora Dilian Francisca Toro en cargos estratégicos del Estado, en medio de su postura crítica frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Las versiones, que circulan en sectores políticos del departamento, apuntan a una supuesta contradicción entre el discurso opositor de la mandataria regional y la continuidad de personas vinculadas a su entorno en espacios de poder, particularmente en la Notaría Tercera de Cali, una de las más importantes y apetecidas del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información conocida, dicha notaría estuvo durante cerca de 20 años bajo la dirección de Jorge Caicedo Zamorano, quien es señalado como cuñado de la gobernadora. Tras su salida del cargo, fue designado Sebastián Sánchez Mejía, quien tendría un vínculo familiar con el exnotario, al ser sobrino de su esposa, lo que lo convertiría en sobrino político de Caicedo Zamorano.

Este relevo ha sido interpretado por algunos sectores como una continuidad de relaciones familiares y políticas alrededor de un cargo considerado estratégico, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles prácticas de nepotismo y concentración de poder en entidades del Estado.

En el Valle del Cauca también circulan versiones que señalan a Caicedo Zamorano como una figura influyente en la política regional, especialmente dentro del Partido de La U, colectividad en la que Dilian Francisca Toro es una de sus principales dirigentes. Según estas voces, su peso político se sentiría en municipios como Palmira, una de las ciudades más relevantes del departamento, aunque manteniendo un bajo perfil público.

Las críticas se concentran en la aparente distancia entre el discurso político de oposición al Gobierno nacional y la permanencia de personas cercanas a su círculo en cargos de alta relevancia, lo que para algunos analistas evidenciaría una relación pragmática con la administración central.

Hasta el momento, ni la Gobernación del Valle del Cauca ni las personas mencionadas han emitido pronunciamientos oficiales frente a estos señalamientos. El debate continúa abierto y vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre transparencia, meritocracia y los límites entre la política y los vínculos familiares en el ejercicio del poder público.