La Procuraduría General de la Nación declaró inhábil al subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de Medellín, Jaime Enrique Gómez Zapata, para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos. Pese a la sanción, la Alcaldía de Medellín presuntamente lo habría mantenido en su cargo hasta el pasado 4 de agosto, cuando presentó su renuncia.
El concejal de Medellín José Luis Marín denunció que Gómez Zapata continuó ejerciendo funciones durante 10 días después de entrar en vigencia la sanción.
Según el concejal, la inhabilidad tiene origen en hechos ocurridos en 2020, cuando Gómez Zapata era director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN). En ese periodo, la entidad firmó un contrato con la Fundación SACIAR para suministrar kits alimentarios a poblaciones vulnerables durante la pandemia de Covid-19.
El ente de control halló un daño patrimonial al Estado por $596.165.955, derivado de sobrecostos y pagos injustificados. La Procuraduría sancionó a Gómez Zapata por culpa grave en la supervisión y gestión del contrato.
En segunda instancia, el fallo fue ratificado, confirmando su responsabilidad y argumentando que, como director, tenía un deber especial de control y vigilancia sobre la ejecución contractual.
El concejal Marín cuestionó que la administración del alcalde Federico Gutiérrez mantuviera en un cargo directivo a una persona con una inhabilidad activa. Además, solicitó a la Contraloría de Medellín realizar una auditoría especial sobre la gestión contractual de Gómez Zapata en el DAGRD, entidad con un presupuesto anual de $46.000 millones.
