El Gobierno Nacional se pronunció frente a las protestas adelantadas por integrantes de la comunidad indígena Embera Katío en Bogotá, quienes desde hace más de dos semanas han realizado bloqueos en sedes institucionales como el edificio Bancol del Ministerio del Interior.
De acuerdo con la información oficial, las manifestaciones comenzaron hace aproximadamente 15 días, cuando un grupo de familias —en su mayoría mujeres y niños— inició acciones de hecho para exigir la instalación de mesas de diálogo sobre temas relacionados con infancia, desarrollo económico, retorno, reubicación y ayudas humanitarias.
Mesas de diálogo y cambios en las exigencias
El Ministerio del Interior convocó espacios de concertación entre el 16 y el 21 de abril, con participación de entidades del orden nacional y distrital. Sin embargo, durante el desarrollo de estas mesas, las exigencias de la comunidad se concentraron principalmente en el cambio de albergue.
Según el Gobierno, en medio de las jornadas se presentaron bloqueos intermitentes a las instalaciones e incidentes que incluyeron presuntas agresiones contra funcionarios públicos.
El 28 de abril, voceros de la comunidad se retiraron de las mesas de diálogo, argumentando que su principal exigencia era el traslado a un nuevo espacio de alojamiento y descartando el retorno a la UPI Florida, donde actualmente permanecen.
Propuestas y tensiones
Frente a esta solicitud, las entidades plantearon alternativas como la posibilidad de disponer de inmuebles a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). No obstante, advirtieron que estos procesos pueden tardar entre tres y seis meses, lo que fue rechazado por los manifestantes, quienes exigen una solución inmediata.
Ante la falta de acuerdos, el Gobierno propuso convocar una sesión del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), pero la comunidad solicitó que se realizara de manera inmediata. Al no concretarse en ese momento, se registraron nuevos bloqueos en las instalaciones.
El 29 de abril, otros grupos de la comunidad Embera se sumaron a las protestas, extendiendo los bloqueos a vías de acceso y generando afectaciones en la movilidad y en el funcionamiento de las entidades.
Impacto y postura oficial
Las autoridades señalaron que las manifestaciones han afectado a más de 1.200 personas que se encontraban en los edificios intervenidos.
Asimismo, el Gobierno expresó preocupación por la presencia de menores de edad en las protestas y reiteró que existen ofertas institucionales para su atención por parte de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría Distrital de Integración Social.
Aunque reconoció el derecho a la protesta, el Ejecutivo advirtió que no se permitirá la afectación de los derechos de terceros ni de la población que no participa en las manifestaciones.
El proceso continúa sin acuerdos definitivos, mientras se mantienen los canales de diálogo entre las autoridades y la comunidad indígena.
