La minería artesanal sigue siendo el sustento de miles de familias en las zonas rurales de Colombia. Se estima que entre 200.000 y 400.000 personas se dedican a esta actividad, y que cerca del 70 % del oro producido en el país proviene de la minería informal. Sin embargo, la falta de reconocimiento legal y la ausencia de políticas públicas efectivas han dejado a estos trabajadores en una situación de alta vulnerabilidad.

Una investigación del Politécnico Grancolombiano, liderada por la docente de derecho Lina María Valencia, expone las duras condiciones que enfrentan los mineros: informalidad, ausencia de protección social, exposición a materiales tóxicos y riesgos permanentes para su salud y seguridad.

Trabajo riesgoso y sin garantías

Según el Ministerio de Minas y Energía, más del 63 % de los mineros artesanales trabajan sin contrato formal, lo que les impide acceder a seguridad social, pensión o servicios médicos. Además, menos del 5 % está afiliado a riesgos laborales, quedando desprotegidos frente a accidentes.

La informalidad también limita su acceso a créditos, subsidios o beneficios estatales, perpetuando la precariedad. A esto se suma la exposición al mercurio usado en la extracción de oro, que sin medidas de protección puede causar graves enfermedades respiratorias y neurológicas.

La Corte Constitucional y el llamado al Estado

En 2024, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-046, instó a las autoridades a supervisar y controlar las condiciones laborales en el sector minero. La decisión subraya la necesidad de garantizar la seguridad social y los derechos laborales de quienes ejercen esta actividad, así como el fortalecimiento de la vigilancia por parte del Ministerio de Trabajo.

Propuestas para transformar la minería artesanal

El Politécnico Grancolombiano plantea varias soluciones para dignificar el trabajo de los mineros artesanales:

  • Normativas específicas que aseguren protección social y laboral.

  • Programas de capacitación en salud y seguridad minera.

  • Tecnologías seguras y sostenibles para reducir riesgos.

  • Incentivos económicos y asesoría técnica que faciliten la formalización.

  • Diálogo inclusivo entre comunidades, Estado y organizaciones sociales.

“Las políticas actuales están diseñadas para la gran minería, dejando de lado a quienes han trabajado la tierra por generaciones. Es necesario un enfoque más inclusivo que proteja sus derechos y reconozca el valor social y cultural de esta actividad”, explica la docente Lina María Valencia.

Una tradición que busca reconocimiento

Mientras no se adopten medidas concretas, miles de familias seguirán luchando por condiciones laborales dignas. La minería artesanal en Colombia no solo es una actividad económica, también es una tradición arraigada que merece un lugar en la legislación y en las políticas públicas del país.