La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, ratificó la condena contra los ex gobernadores de Putumayo, Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Carlos Alberto Palacios Palacio y Renzo Alfonso León Vargas.

Los tres fueron hallados responsables de graves irregularidades en la contratación pública, particularmente relacionadas con un convenio firmado con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB) para ejecutar proyectos de infraestructura en el departamento. El fallo también ordenó la captura de los ex mandatarios.

El proceso judicial está vinculado a un convenio firmado en 2005, cuyo objetivo era la «cooperación y asistencia técnica para la gestión de proyectos de infraestructura» en los municipios de Putumayo.

Sin embargo, la Corte estableció que dicho convenio fue tramitado sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley 80 de 1993, ya que no se realizó un proceso de selección pública ni se verificó la experiencia de la SECAB en la ejecución de estos proyectos. Además, los pagos se autorizaron a pesar de los incumplimientos por parte de la organización internacional.

Los tres ex gobernadores, en diferentes etapas del proceso, autorizaron pagos y firmaron documentos que permitieron dar apariencia de legalidad a actos administrativos irregulares. En su sentencia, la Corte destacó que el acuerdo fue celebrado en contravención a las normas de contratación pública y sin las garantías necesarias para proteger los recursos del departamento.

Fabián Alfonso Belnavis Barreiro fue condenado a 179 meses de prisión y una multa de más de $2.9 mil millones de pesos. Por su parte, Carlos Alberto Palacios Palacio y Renzo Alfonso León Vargas fueron sentenciados a penas de prisión de 128 meses y 126 meses, respectivamente. Ambos también deberán pagar multas millonarias. La Corte también impuso sanciones adicionales y resolvió que los condenados deberán responder por los daños causados al erario público, que se estiman en más de $5.3 mil millones de pesos.

La sentencia, que culmina una investigación de casi dos décadas, ha dejado en claro que la administración de los recursos públicos y la falta de cumplimiento con las leyes de contratación fueron factores clave en el perjuicio económico causado al departamento.

Foto y noticia: Colprensa