En las últimas horas, Mónica María Orrego López, secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, renunció a su cargo en medio de las investigaciones que la Procuraduría General de la Nación anunció la semana pasada por la firma de un contrato con la Universidad Nacional sede Medellín por más de 9 mil millones de pesos y otro con Telemedellín.
¿Porqué la Procuraduría investiga a María Orrego?
Según el comunicado de la Procuraduría, se investiga si el contrato “suscrito por un poco más de nueve mil millones de pesos, fue utilizado para favorecer intereses particulares, concretamente las campañas de algunos candidatos que aspiraron a la alcaldía y el concejo de la ciudad durante las elecciones del pasado 29 de octubre”.
El órgano de control también busca establecer si la administración municipal habría desconocido las modalidades de selección previstas en la ley, pues “contrató de manera directa a la universidad mediante la firma de un convenio interadministrativo, la cual es una figura excepcional para la suscripción de compromisos de esa naturaleza”.
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La Procuraduría investiga también si la entidad académica contaba con la capacidad suficiente para ejecutar los trabajos. En lo que va de ejecución el ente universitario ha suscrito a más de 280 contratos de prestación de servicios, uno de los cuales fue firmado con una persona que aparecía como dueña de una página web que al parecer promocionaba la campaña de un candidato a la alcaldía de la ciudad.
La otra investigación que abrió la Procuraduría
La otra investigación abierta por la Procuraduría va en contra de los exsecretarios de Comunicaciones, Juan José Aux Trujillo y Clara Inés Izquierdo, esta última en calidad de encargada, y contra los profesionales universitarios Juan Carlos Gómez Henao y Víctor Manuel Quiroz, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación con Telemedellín, por un valor superior a los 18 mil millones de pesos.
El ente de control evidenció un presunto desconocimiento de los principios de contratación estatal al suscribir el referido contrato bajo la modalidad de contratación directa. Según el organismo, al parecer el canal regional no contaba con la capacidad para ejecutar el objeto del contrato, teniendo en cuenta la tercerización de la contratación para el desarrollo de una parte de las actividades con la empresa Maxempleos.
