El debate sobre el salario mínimo en Colombia vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica del país. Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han conocido posturas que apuntan a encaminar la discusión para 2026, en un contexto marcado por la evolución de la inflación, la recuperación del consumo y las preocupaciones sobre el mercado laboral.
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La conversación, que cada año enfrenta a sindicatos, empresarios y autoridades, adquiere relevancia por su impacto directo en millones de trabajadores y en la estructura de costos de las empresas. Voceros de distintos sectores han insistido en la necesidad de que cualquier ajuste tenga en cuenta variables técnicas como la productividad y el comportamiento de los precios, al tiempo que garantice la protección del poder adquisitivo.
Desde el sector empresarial han surgido advertencias sobre los posibles efectos de incrementos elevados, especialmente en materia de empleo formal y sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas. A su vez, organizaciones sindicales sostienen que el aumento debe responder al costo de vida real de los hogares colombianos, señalando que el salario mínimo cumple una función social clave en la economía.
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Analistas coinciden en que la discusión para 2026 estará atravesada por factores macroeconómicos sensibles, entre ellos la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico. El resultado de la negociación no solo definirá el ingreso base de los trabajadores, sino que también tendrá repercusiones en consumo, contratación y dinámica empresarial, convirtiéndose en una de las decisiones económicas más observadas del próximo año.
