Bogotá, 29 de noviembre de 2024. La Fiscalía General de la Nación ha revelado un grave caso de corrupción que al parecer involucra a Sandra Ortíz y al expresidente del Senado, Iván Name Vásquez. Según el ente acusador, entre el 12 y el 13 de octubre de 2023, se habrían entregado $3 mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado por orden de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

El dinero ilícito habría sido obtenido mediante delitos contra la administración pública, incluyendo interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, perpetrados a través de contratos fraudulentos con una ONG dirigida por Olmedo de Jesús López Martínez y Esneider Augusto Pinilla Álvarez.

Los hechos

La investigación señala que el jueves 12 de octubre de 2023, en horas de la tarde, 1.500 millones de pesos habrían sido entregados a la entonces consejera para las regiones, Sandra Ortíz, en el apartamento 2312 de las Residencias Tequendama, en Bogotá. Este dinero, transportado en una maleta, provenía de López Martínez y Pinilla Álvarez. Posteriormente, fue trasladado al edificio Base 1, ubicado en el norte de la ciudad, donde se habría entregado a Iván Name Vásquez.

Al día siguiente, viernes 13 de octubre, en horas de la noche, la exconsejera al parecer recibió otros $1.500 millones en efectivo, esta vez en dos maletas, entregadas nuevamente en las Residencias Tequendama. El dinero fue contado y llevado al mismo lugar en el norte de Bogotá donde se había entregado la suma inicial.

El transporte de estos fondos ilícitos fue realizado utilizando vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que añade un componente de abuso de recursos estatales a los hechos denunciados.

Vínculo con la corrupción y administración pública

Los fondos ilícitos fueron obtenidos mediante contratos fraudulentos gestionados por la ONG dirigida por López Martínez y Pinilla Álvarez, quienes jugaron un papel clave en esta operación. La Fiscalía sostiene que estos actos configuran delitos graves contra la administración pública, afectando directamente la confianza en las instituciones del país.

Esta denuncia representa uno de los casos más importantes de presunta corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro, al involucrar tanto a exfuncionarios de alto nivel como a líderes del Senado. La Fiscalía continúa adelantando las investigaciones y no se descartan nuevas imputaciones en este caso.