La Comisión Primera del Senado espera escuchar voces de expertos y analistas sobre las propuestas contenidas en cinco proyectos de enmienda constitucional de reforma política.

El proyecto está siendo revisado en el despacho del presidente Gustavo Petro y su radicación se daría en los próximos días.

La audiencia pública prevista para hoy busca escuchar conceptos que enriquezcan las iniciativas ya radicadas en el Legislativo y las cuales, seguramente, serán acumuladas en un solo proyecto que modificaría varias normas en materia política y electoral.

El cambio más profundo, probablemente, estaría en la actual Organización Electoral, compuesta por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este último cuestionado desde hace varios años por ser integrado por magistrados elegidos por los mismos partidos políticos que son objeto de sus investigaciones y sanciones.

Varios analistas han advertido la necesidad de darle un vuelco a estos órganos, especialmente luego de las críticas que tuvo la Registraduría Nacional en las pasadas elecciones legislativas y de la manera como algunos sectores políticos repartieron los cupos para los partidos en el Consejo Electoral que fue elegido el pasado 30 de agosto.

Tres de las seis propuestas -incluida la del Gobierno Nacional- hablan de la creación de la jurisdicción electoral, lo que elevaría la fortaleza de las sanciones que se les imponen a los candidatos que participan en las elecciones, los elegidos en cuerpos colegiados como el Congreso, sus campañas y a las mismas colectividades.

Otro tema que se plantea en varios de estos proyectos y que será objeto de debate hoy en la audiencia pública de la Comisión Primera del Senado es la modificación en la manera como los partidos y movimientos políticos obtienen la personería jurídica.

La idea es modificar un aspecto esencial y es ampliar la forma de alcanzar este reconocimiento, el cual, según las propuestas, podría darse con la acreditación de un número mínimo de afiliados. En la propuesta oficial, que sigue en estudio del alto gobierno, se propone que sea el 0,2 por ciento del censo electoral para ser movimiento político y en el proyecto de Comunes se le deja a la ley.