La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Empresas Públicas de Medellín (EPM) Y la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) por afectar presuntamente la libre competencia en sus procesos de contratación.
De acuerdo con la entidad, se investiga si las dos empresas impidieron la participación, en los procesos de selección que adelantaron, de personas que tenían las condiciones para hacer propuestas favorables.
EPM, por ejemplo, habría puesto como condición en sus procesos de selección que los interesados en competir en estos pagaran cierta suma de dinero para adquirir el derecho a participar.
Además, habría impedido la participación de consorcios o uniones temporales o habría limitado el número de integrantes que podían conformarlas, el porcentaje de participación que debían tener en estas sus integrantes y el régimen de responsabilidad que les aplicaba.
Según la SIC, esto habría ocurrido en al menos en 24 procesos de contratación para el suministro o construcción de obras entre 2020 y 2023, por cuantías que acumuladas superan el billón de pesos.
Dispac, por su parte, también habría obligado a los interesados en competir pagar una suma de dinero y habría limitado el número de integrantes que podían conformar las estructuras plurales como consorcios o uniones temporales.
Esto, según la SIC, habría ocurrido en al menos 23 procesos de contratación para la construcción de obras y la realización de interventorías, entre 2019 y 2023, con cuantías que acumuladas superan los 400 mil millones de pesos.
“La imposición de barreras de entrada no justificadas impide que se obtengan las mejores ofertas posibles como consecuencia de la participación de un mayor número de proponentes”, explicó la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.
Foto y noticia: Colprensa