El Instituto de Ciencia Política (ICP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) presentaron en Medellín el informe “Dinámicas de violencia y crimen organizado en el suroeste antioqueño”, en el marco del Policy Lab en Seguridad y Defensa.
El documento expone un deterioro sostenido de la seguridad en la subregión. Mientras en 2010 el Suroeste concentraba el 2,93 % de los homicidios de Antioquia, para 2025 esa cifra ascendió al 18,63 %. La tasa proyectada alcanzó los 76,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, triplicando el promedio nacional.
Según el estudio, este incremento no responde a delincuencia común, sino a disputas entre estructuras criminales por el control del territorio y las economías ilegales.
Disputa criminal y corredor estratégico
En la subregión confluyen organizaciones como el Clan del Golfo —a través de la subestructura Edwin Román Velásquez—, redes del Valle de Aburrá como La Terraza y La Miel, además de bandas locales. El informe identifica al Clan del Golfo como el actor con mayor capacidad de incidencia.
El Suroeste antioqueño se ha convertido en un corredor estratégico por su conexión con el Eje Cafetero, el sur del país y el Pacífico, lo que ha incrementado su valor para el desarrollo de actividades ilícitas.
Además del narcotráfico, las estructuras criminales han ampliado su interés hacia rentas como la extorsión y la explotación ilícita de minerales, consolidando un modelo de control económico sobre el territorio.
Riesgo de gobernanza criminal y debilidad institucional
El estudio advierte que la limitada capacidad institucional agrava el panorama. La caída en las capturas desde 2019 y la falta de coordinación entre autoridades han dificultado contener la expansión de estas estructuras.
En este contexto, crece el riesgo de que se consoliden esquemas de gobernanza criminal, en los que organizaciones ilegales regulen actividades económicas y dinámicas sociales en los municipios.
Para el ICP y la KAS, el caso del Suroeste refleja los efectos de la expansión criminal cuando coinciden factores como la débil presencia estatal, la falta de articulación institucional y las tensiones territoriales.
El informe busca aportar insumos para la formulación de políticas públicas que permitan enfrentar estas dinámicas y evitar su consolidación en la región.
